Tal como había anticipado el Diario PERFIL el sábado, el juez Julián Ercolini procesó a Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción en el reparto de la obra pública de la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 y ordenó un embargo por 10 mil millones de pesos.
Además de la expresidenta, procesaron al dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez y a 15 exfuncionarios, como el exministro de Infraestructura, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Pública, José López; Abel Fatala, exsubsecretario de esa misma área; Nelson Periotti, el titular de Vialidad Nacional; y otros responsables políticos y técnicos del gobierno kirchnerista tanto a nivel nacional como provincial.
Además de la expresidenta, procesaron al dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez y a 15 exfuncionarios, como el exministro de Infraestructura, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Pública, José López; Abel Fatala, exsubsecretario de esa misma área; Nelson Periotti, el titular de Vialidad Nacional; y otros responsables políticos y técnicos del gobierno kirchnerista tanto a nivel nacional como provincial.
La misma medida le cayó al primo de Néstor Kirchner, Carlos Santiago Kirchner, en la distribución de la obra pública que convirtió a Báez, presunto testaferro de la ex familia presidencial, en un multimillonario.
En el fallo, Ercolini señala: "Cristina Elisabet Fernández, en su carácter de Presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país".
Sobre Julio De Vido, el juez escribió: "En su carácter de ministro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al adoptar decisiones económicas y administrativas, en inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, puntualmente, en la asistencia al Presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en todo lo inherente a las obras públicas, la actividad vial y la planificación de la inversión pública, tendiente a un equilibrado desarrollo geográfico regional que consolide el federalismo. Tales decisiones se habrían concretado en la celebración de una serie de actos jurídicos (articulados con la intervención coordinada de los funcionarios que se encontraban bajo la órbita de la cartera ministerial a su cargo). También, habría omitido controlar la actividad de las dependencias que se encontraban bajo la órbita del ministerio a su cargo, función que le era inherente en razón de sus competencias funcionales".
