Escándalo en el Consejo por un convenio millonario que frenaron

Fuerte puja por la explotación de un estacionamiento rentado se desató entre Consejo de la Magistratura y Corte Suprema, luego de que la presidenta del órgano encargado de nombrar, sancionar jueces y administrar los fondos del poder judicial , la camarista laboral Gabriela Vázquez frenara un Convenio “millonario” suscripto con el Arzobispado de Resistencia, provincia de Chaco.

Hace unos días, el Secretario de Administración de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi, le habría solicitado a través de una notificación a Vázquez,  que ordene el desalojo del destacamento
policial ubicado en el terreno en cuestión y autorice la puesta en marcha de las obras de infraestructura para instalar el parking.

La cuestión tomó otra dimensión cuando hace una semana los camaristas del Máximo Tribunal Penal del país, recibieron una “intimación” del Secretario General de la Corte Suprema, Alfredo Kraut, para “desalojar” el predio ubicado en terrenos paralelos a los  tribunales federales de Comodoro Py para iniciar varias “obras de infraestructura”. Allí, se efectivizaría el estacionamiento para vehículos cuya comercialización y administración fue cedida al Arzobispado de Resistencia, Chaco.

Perfil.com accedió al documento exclusivo del  acuerdo firmado el 13 de diciembre de 2013 por el entonces presidente del Consejo, el juez Mario Fera y la ex presidente de la Comisión de Administración y Financiera, la senadora Ada Itúrrez de Cappellini, mediante el cual se  entregó en comodato al Arzobispado un predio destinado al estacionamiento rentado.
 
El terreno  propiedad del Poder Judicial, se  encuentra en sede de los tribunales federales de Comodoro Py, una de las zonas más concurridas. En esos juzgados  se investigan las causas de corrupción aunque implicaría también a  los tribunales de Inmigrantes, con fueros ordinarios y sede de la justicia tributaria federal.

Contabilidad y Ganancias. El predio  tiene una capacidad de albergue de 450 coches. Si de esa cantidad se detrae la cantidad de 140 cocheras que deben ser afectadas al uso de magistrados y funcionarios judiciales, se advierte que queda un remanente de más de 300 cocheras para renta, explican fuentes judiciales.

Según un análisis de mercado, el valor de una cochera en un lugar próximo a los tribunales nacionales oscila los $ 35 la hora. Si ese importe es multiplicado por las 300 cocheras se arribaría a la suma de $ 10.500 por hora.
 
Multiplicada esa suma por las 6 horas de funcionamiento de tribunales entre la franja horaria de funcionamiento de los juzgados y fiscalías de 7:30 a  13:30, la renta alcanzaría la cantidad de $63.000 diarios, es decir, $ 315.000 semanales y $ 1.260.000 mensuales, continúan los consultados.
 
Así el contrato arrojaría un beneficio para el comodatario, es decir el Arzobispado, de $ 45.360.000 por los tres años de duración del comodato que el Poder Judicial de la Nación, sin justificativo y sin
contraprestación alguna le "cede o regala" , destacan los denunciantes.

Malestar. Este acuerdo desató el enojo de funcionarios judiciales de capital federal y del  interior del país que advirtieron innumerables  juzgados y cámaras federales que, a pesar de tener jueces designados, no están habilitados por falta de presupuesto, mientras otros mantienen a su  personal en condiciones de “hacinamiento”,  según manifestaron.

La decisión de conceder esta "liberalidad" se habría adoptado en noviembre de 2013 en la Comisión de Administración y Financiera. En tanto, Mario Fera, presidente del Consejo, habría logrado la autorización del resto de los consejeros para representar al órgano en dicho acto, aunque habría omitido informar  respecto del fondo del asunto.

Recuerdan los denunciantes que desde el 2007 se desarticularon los mecanismos de control y a través de una estructura normativa se limitó la disposición de los fondos tan sólo al Administrador
General y al presidente de la Comisión de Administración Financiera.

Esto fue denunciado en la justicia federal  por la legisladora porteña de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago, quien además advirtió que a través de la resolución 97/07 se excluye el control de legalidad de las  licitaciones privadas y las contrataciones directas, eje de los supuestos desvíos de fondos,  y se limitó a las  licitaciones públicas, excepcionales desde entonces.

Claudio Cholakian, el actual Administrador General, alineado con La Cámpora, heredó las “super facultades” para el manejo de los fondos, y ocupa el tras la remoción de  Germán Krieger, hombre alienado a la Corte  pero con nexos cercanos al Gobierno a través del Secretario de Hacienda Juan Carlos Pezoa.