El juez federal Sebastián Casanello elevó ayer a juicio oral la causa por las supuestas escuchas ilegales que involucraron al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Sin embargo, el magistrado determinó que no hay pruebas suficientes de que el funcionario haya tenido responsabilidad en las escuchas.
Así, dio un giro en la causa y desterró la línea de investigación del anterior juez a cargo del expediente: Norberto Oyarbide, quien procesó y embargó a Macri hace cuatro años. El resto de los procesados irán a juicio.
La causa investigaba supuestas escuchas ilegales al dirigente de Familiares de Víctimas de la AMIA Sergio Burstein, ligado al oficialismo, y al cuñado de Macri, Daniel Leonardo, pareja –en ese entonces– de su hermana Sandra. Según Oyarbide, Macri había usado parte del incipiente aparato de seguridad del Gobierno porteño para fines personales y políticos.
Cassanello decidió que lo actuado por Oyarbide no está “debidamente fundado”. Según Casanello, el cierre de la instrucción dispuesto por Oyarbide fue “prematuro” y agrega en su escrito que no existe “prueba concreta” que permita sostener que Macri ordenó las escuchas. La acusación había sido por violación de secreto, abuso de autoridad, falsificación de documentos y ser partícipe de una asociación ilícita.
Por otra parte, el juez elevó a juicio oral a otras once personas por escuchas ilegales: entre ellas, el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios –quien siempre mantuvo una disputa personal con Sergio Burstein por la investigación del atentado a la AMIA–; el ex espía Ciro James, quien había ingresado a trabajar al Ministerio de Educación porteño –tentado por mejores salarios– y se encargó de retirar los casetes con las escuchas ordenadas por un juez de Misiones; y el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, quien empleó a James en su área. También al juez de Misiones José Rey y a su ex secretaria Mónica González, Ese magistrado es quien habría autorizado las escuchas en el marco de una causa inconexa con el fin de darle apariciencia de legalidad.
Casanello resolvió seguir investigando a Macri, cumpliendo una recomendación de entonces de la Cámara Federal y que Oyarbide nunca cumplió, y citó a declarar para el 15 de abril próximo al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien había sido el único funcionario sobreseído por Oyarbide. En sus tiempos de juez federal, Montenegro estaba a cargo de la oficina que hoy ocupa Casanello, y que subrogó Oyarbide tras su paso a la función pública porteña.
También el juez Casanello pidió medidas de prueba respecto del cuñado de Macri, Daniel Leonardo, presunta víctima de las escuchas, y solicitó informes vinculados a la empresa de seguridad Ackerman, sospechada de haber participado de las escuchas. Esta empresa es dirigida en los Estados Unidos por un ex director del FBI. En la Argentina, cuando ocurrieron los hechos, era contratada por Franco Macri
