ESMA: procesan a ex jueza por transferir bienes a los captores

La ex jueza en lo contencioso administrativo federal, Emilia Marta García, fue procesada por los delitos de extorsión y por integrar una asociación ilícita, en el marco de la "megacausa" en la que investiga delitos de "lesa humanidad" cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Según trascendió en el ámbito judicial, la medida tomada por el juez federal Sergio Torres, fue apelada por el abogado Luis Dobnievsky, defensor de García, por lo que deberá ser la Sala II de la Cámara Federal la que confirme, o revoque, el procesamiento por los delitos de extorsión y por integrar una asociación ilícita y que incluyó un embargo de 700.000 pesos.

Esta investigación es un desprendimiento de la "megacausa ESMA" que lleva adelante Torres, con la intervención del secretario Diego Slupski y el fiscal Eduardo Taiano, tras la derogación y nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.

En este expediente, la ex magistrada aparece imputada de haber colaborado con el dictador Emilio Eduardo Massera, entre otros, formando parte de la "estructura financiera" de los represores que desapoderaban de sus bienes a los prisioneros del centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA.

En la causa se investiga el rol que cumplía García en una escribanía, donde se  certificaba la documentación por la que las víctimas "transferían" sus bienes a sociedades que integraban familiares de ex jerarcas navales, entre ellos el hijo de Massera.

Según constancias del expediente la ex jueza habría sido, en la década del '70, empleada de la escribanía y síndica de la empresa "Will-Ri" que conformaban, entre otros, los represores Jorge "el Tigre" Acosta, Jorge Radice y Francis William Wahmond.

El nombre de la empresa ("Will-Ri") se conforma con la primera sílaba de los nombres "de cobertura" con que actuaban Radice (al que llamaban Juan Ríos) y Wahmond (que actuaba con la falsa identidad de Federico Williams).

En marzo de 2001 el juez federal Claudio Bonadío procesó a Radice, Acosta, Wahmond y Juan Carlos Rolón, entre otros, por haber formado una asociación ilícita destinada a desaparecer y desapoderar el campo "Chacras de Coria", valuado en unos 15 millones de dólares.

Al prestar declaración indagatoria, el 5 de septiembre último, la imputada afirmó que actuó "coaccionada" por temor a eventuales represalias sobre su hermana que estaba desaparecida, aunque otras versiones indican que su pariente también habría establecido un vínculo sentimental con "el tigre" Acosta.

García dijo en aquella oportunidad que "vivía en estado de terror permanente" y que "sólo firmaba lo que le pedían" en referencia a los titulares de la escribanía en la que trabajaba y donde se certificaban las supuestas firmas de los detenidos de cuyos bienes se apoderaban sus captores.

Fuente: Télam