Los gobiernos de Argentina y Uruguay deberán presentarse este martes nuevamente ante la Corte Internacional de La Haya, cuando será el turno de Buenos Aires de presentar nuevos elementos de prueba que avalen su denuncia sobre la presunta violación del Tratado del Río Uruguay por parte del vecino país.
Por otra parte, la Asamblea Ambiental de Colón levantó hoy el corte que, como cada fin de semana, había iniciado a las 19 de ayer, a la vez que la organización Concorvida, de Concordia, retomó las tareas de concientización de los automovilistas que cruzan entre esa ciudad y la uruguaya de Salto, en rechazo de la instalación de pasteras en el río Uruguay.
Concordia no ha logrado en las últimas semanas cortar la ruta 015, que lleva al puente Salto Grande, impedido por Gendarmería, que custodia el accionar del pequeño grupo de asambleistas. El reparto de volantes en esa zona se llevó a cabo al mismo tiempo que en Gualeguaychú se realizaba un "antorchazo", en coincidencia con el "Día Mundial de la Globalización".
Por otra parte, el grupo de la Cancillería argentina, encabezado por la embajadora Susana Ruiz Cerutti, deberá presentarse el martes en La Haya para exponer lo que se denomina "réplica", una etapa procesal que será seguida por la "dúplica" de Uruguay, para lo que este cuenta con plazo hasta el 29 de julio próximo.
Argentina llevó a Uruguay a la Corte de La Haya el 6 de mayo de 2006, por considerar que violó el Tratado que administra el río fronterizo, al conceder autorización unilateral a las empresas Botnia y ENCE para instalarse sobre ese curso de agua.
Según trascendió, el martes Argentina ratificaría sus argumentaciones anteriores sobre lo que considera una violación a ese estatuto y agregaría información según la cual Uruguay habría vuelto a transgredirlo, a pesar de que la Corte recomendó a ambas naciones que "cumplan de buena fe los procedimientos de consulta y cooperación previstos" en la reglamentación bilateral vigente.
Según publicó hoy el diario El Argentino, de Gualeguaychú, Buenos Aires describiría una decena de ocasiones en que considera que Uruguay violó el tratado, como por ejemplo, cuando autorizó los proyectos de las empresas española, primero, y finlandesa, después, y la autorización unilateral para la construcción de un puerto de Botnia en la localidad de Nueva Palmira y su dragado.
Asimismo, expondrá como violación que Uruguay autorizara a la firma nórdica la extracción de importantes volúmenes de agua del río y el tendido de una cañería de efluentes subacuáticos que habría afectado la navegación. Además, denunciará como una acción unilateral de Uruguay la puesta en funcionamiento de la terminal de Ontur, en Nueva Palmira, y la autorización para operar dada a Botnia, en noviembre último.
Fuente: DYN