El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral y público la causa IBM-DGI en la que se investiga una presunta estafa al Estado nacional por más de 120 millones de pesos en sobreprecios.
El delito se habría concretado a través un convenio para la informatización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP) y el Sistema Tributario (SITRIB), confirmaron fuentes tribunalicias.
En una resolución de más de 200 carillas, el magistrado elevó al Tribunal Oral en lo Federal Tres (TOF3) el expediente en el que hay 17 procesados, entre ellos el ex director de la DGI, Ricardo Cossio; el ex asesor Carlos Hurrell; y los ex subsecretarios de Sistemas de Información de la Secretaría de la Información Pública, Francisco Fuigueira y María Eugenia Dallorso, entre otros.
La nómina de procesados incluye también al ex presidente de IBM Argentina, Ricardo Martorana; al ex vicepresidente de la multinacional Gustavo Soriani, a los ex directores Alberto Minazzoili y Mauricio D'Alessandro y a los ex directores de CONSAD, Juan Carlos Cattáneo, Silvina de la Rúa y Liliana Almosni.
Ante los integrantes del TOF3 también deberán sentarse en el banquillo de los acusados Eduardo Novillo Astrada, Horacio Pasman, Antonio Altieri, Carlos Krieger, Carlos Juni y Félix de Barrio, a quienes las fuentes individualizaron como "socios" de Cossio.
En la misma resolución Rafecas le solicitó al Ministerio de Justicia que dé intervención a la Procuración General del Tesoro a los fines que entable las acciones judiciales tendientes a " lograr la restitución de los recursos que le fueran sustraídos ilegalmente al erario público".
Corrupción menemista. En el expediente se investigan los hechos ocurridos entre 1994 y 1996 cuando la DGI contrató en forma directa a IBM Argentina para que "desarrolle los mencionados proyectos informáticos por la suma total superior a los 500 millones de dólares", recordaron los informantes.
Para llevar a cabo ese proyecto Martorana y Soriani contrataron a la firma CONSAD, la misma empresa cuyos directivos ya están próximos al juicio oral y público -ante el mismo TOF3- en la causa conocida como IBM-Banco Nación, donde también se investiga un fraude millonario en perjuicio de la administración pública.
De acuerdo a las constancias del expediente se acreditó, entre otras anomalías, que los directores de IBM contrataron a la firma Segurex (de la que Cossio era accionista) para "para prestar un servicio de asesoramiento en el marco de los proyectos SIJyP y SITRIB" que nunca se realizó pese a lo cual se le abonaron 500.000 pesos.
Fuente: Télam
