Ayer arrancó el juicio oral y público contra el ex vicepresidente Amado Boudou por la supuesta apropiación de la imprenta Ciccone Calcográfica en la que está acusado de cohecho y malversación de caudales públicos. El fiscal federal Carlos Rívolo, el primero que tuvo a su cargo la investigación por supuesta corrupción en 2010, advirtió que el accionar del ex funcionario en ese hecho es "delictivo" y dijo que si es condenado "corre riesgo de ir preso" porque los delitos que se le imputan contemplan penas de cumplimiento efectivo.
El juicio por la causa Ciccone comenzó ayer en los tribunales de Comodoro Py con apenas una hora de audiencia, ya que pasó a un cuarto intermedio hasta el martes próximo tras una serie de planteos, entre ellos uno de nulidad del debate.
"Lo calificamos como delictivo. Claramente hay elementos de prueba para llegar a una condena. Y si se confirmara la condena, corre riesgo de ir preso porque hay pena de cumplimiento efectivo por los delitos que está siendo acusado", sostuvo.
En declaraciones a radio La Red, Rívolo, quien fue apartado de la causa en mayo de 2012 junto al juez Daniel Rafecas, resaltó que Boudou está acusado por el "desdoblamiento de su personalidad" en el ejercicio de su función, ya que atendía sus obligaciones en el Estado y en un negocio privado relacionado con su responsabilidad.
"Un funcionario público debe resguardar los intereses del Estado, en este caso lo hacía en beneficio propio", subrayó. Además, recordó que la empresa The Old Fun S.A, cuyo titular era Alejandro Vandenbroele, otro de los acusados en la causa, "solo tenía tres facturas emitidas" al momento de adquirir Ciccone, encargada de imprimir billetes, dos de las cuales habían sido rechazadas.
"La tercera, por su participación en el plan de renegociación de la deuda de Formosa, donde casi su intervención es nula, porque no se pudo encontrar casi ningún papel que demostraran que hubo un trabajo en beneficio de la provincia", añadió.
Por último, recordó que la denuncia contra Boudou provocó "una crisis institucional" en la Semana Santa de 2012 cuando una conferencia de prensa del entonces vicepresidente, en la que cuestionó duramente la investigación, "le costó la cabeza" al entonces Procurador General, Esteban Righi, que "adoptó una posición en defensa de la institucionalidad".
