La punta de lanza de la ministra de Defensa es la capitana María Alejandra Camps, hija de uno de los jerarcas más sanguinarios de la última dictadura militar: el general Ramón Camps.
Fue la capitana Camps quien detectó una amalgama de irregularidades en las contrataciones que hacían sus superiores. La oficial es la jefa de la asesoría jurídica del Comando de Intendencia del Ejército, epicentro del escándalo que podría llegar a las puertas del despacho del jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini.
En su extenso requerimiento de instrucción de 122 páginas, el fiscal Federal Eduardo Taiano nombró en once oportunidades las acciones que había realizado Camps.
También le pidió al juez Federal a cargo de la investigación, Rodolfo Canicoba Corral, que cite a la capitana “en su condición de jefe de División Asesoría Jurídica del Comando de Intendencia, para que brinde precisiones acerca de su intervención en los expedientes de contratación en los que emitiera dictamen”.
Pese a su pasado como militante de Montoneros, Garré no tuvo ningún tipo de problemas en basar su denuncia en los informes de la hija del jefe de la Policía Bonaerense desde abril de 1976 hasta diciembre de 1977.
Gracias –en gran parte– al trabajo de la capitana Camps, la ministra de Defensa llevó a la Justicia a 31 militares, todos supuestamente involucrados en la “manipulación sistemática de procedimientos de contratación de bienes y servicios por parte de funcionarios del Ejército para favorecer a determinadas empresas, en connivencia con los integrantes de éstas”.
