La ministra de Defensa, Nilda Garré, se mostró inflexible al hablar del posible pase a disponibilidad de los oficiales vinculados a casos de corrupción, abusos de autoridad y mal desempeño, aunque evitó dar precisiones sobre el despido del jefe de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, el comisario mayor Hugo Lompizano.
“Con las comisarias que no actúen con la celeridad y responsabilidad necesarias vamos a ser muy estrictos y reemplazaremos al personal que no cumpla con sus funciones”, amenazó Garré, durante una entrevista televisiva de América 24.
Hace pocas se conoció el alejamiento de Lompizano, quien tuviera a su cargo las 53 comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien no hay certezas sobre el motivo de su despido, fuentes oficiales negaron que tuviera relación con su accionar en la ocupación de viviendas en el barrio de Flores. "No tiene que ver con cuestiones de la actualidad", afirmaron.
Y fue la misma Garré quien desechó esas versiones. “(Lompizano) Fue uno de los comisarios que dirigió el desalojo del Parque Indoamericano, pero allí también estaba el Subjefe de Policía (Federal)”, recordó la funcionaria.
“Buscamos mejores perfiles en cada área”, explicó la ministra. “Estaba muy congelada la cúpula de la Federal, y eso no es bueno”, comentó.
No obstante, confirmó en su cargo al jefe de la Policía Federal, Enrique Capdevila. “Está totalmente ratificado”, afirmó. “(Capdevila) Está consustanciado con el modelo de seguridad democrática”, agregó.
Para la ministra, estas medidas apuntan a “asumir políticas públicas que permitan asegurar un derecho a la seguridad”. “Se trata de ejercer un verdadero control político”, remarcó.
Además del recambio de algunos altos funcionarios policiales, las futuras medidas de la cartera de Seguridad se reparten entre la confección de mapas de delito, la reubicación de efectivos policiales y de Gendarmería, y la puesta en práctica de protocolos de actuación “que garanticen procedimientos cuidadosos y republicanos, respetuosos de la Constitución y los derechos civiles de los ciudadanos”. Otra iniciativa, reclamada por la oposición, es la organización del Consejo Federal de Seguridad, que se reunirá el 29 de marzo.
La situación en Villa Soldati. La relación entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires no es positiva, y los roces no son una novedad. A las diferencias ideológicas y las acusaciones cruzadas se suma la decisión del juez Luis Armella, quien ratificó la orden de desalojo del complejo habitacional ocupado desde hace ocho días.
“Estamos dispuestos a hacer todo lo posible”, señaló la ministra de Defensa, “pero la usurpación de predios es responsabilidad de la Justicia de la Ciudad, por un convenio firmado en 2004 y ratificado en 2008”.
“Queremos desalojar la cuenca del Riachuelo”, explicó la funcionaria, quien dispuso del monitoreo de esa área, por parte de efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, con el objetivo de prevenir ocupaciones ilegales.
De hecho, según Garré, “El viernes (anterior a la toma del complejo) la Policía Federal avisó sobre una posible ocupación al Instituto de Vivienda de la Ciudad”, dependiente del gobierno de Mauricio Macri.
“El Gobierno destinó 100 oficiales y 700 suboficiales de la Federal para la ciudad de Buenos Aires”, enumeró la ministra. “Hay personal. Lo que no hay es decisión política –cuestionó-. Lo que hay es decisión de lavarse las manos”. “Pero insisto: el desalojo es competencia de la Ciudad de Buenos Aires”, añadió.
Pese a la reticencia del gobierno de Cristina Kirchner de intervenir en el desalojo, tal como lo ordena la Justicia Federal de Quilmes con el fallo de Ramella, Garré destacó la “excelente relación” que mantiene con el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro.
“Debe haber una excelente articulación entre ambas competencias”, sostuvo. “Pero que no recaiga sobre el Gobierno nacional una responsabilidad que no le es propia”, concluyó.
