Un posible recambio en la Corte Suprema es motivo de conversaciones frecuentes en la Casa Rosada, y también en el Palacio de Justicia, porque, se especula, hay tres miembros que podrían renunciar en el mediano plazo: se trata de Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Carmen Argibay.
Por una ley aprobada durante la gestión de Néstor Kirchner, el máximo tribunal tiene que estar compuesto por cinco integrantes, pero hoy hay siete: se arrastra la estructura de la vieja Corte, porque los jueces no pueden ser echados a menos que se los someta a un juicio político.
Para ocupar una posible vacante el oficialismo ya tiene candidata. Se trata de Alejandra Gils Carbó, la jefa de los fiscales federales, que está en ascenso en el mundo K. La Procuradora reemplazó a Esteban Righi, acusado por el vicepresidente Amado Boudou de hacer lobby en los tribunales; y hoy lidera una facción de la justicia que promueve la “democratización” en sintonía con la Casa Rosada, denominada “Justicia Legítima”.
Esa organización realizó, el miércoles y jueves, jornadas de trabajo para desarrollar el concepto de “democratización” judicial. Uno de los puntos centrales discutidos fue el de la obligación de los magistrados de rendir examen para revalidar sus cargos.
Otro, el del pago del Impuesto a las Ganancias. Todos estos temas fueron abordados ayer por Cristina Kirchner, quien propuso una batería de medidas para “transparentar” al Poder Judicial.
Lea la nota completa en la edición impresa del diario PERFIL.
