Choques de trenes con víctimas fatales. Usuarios con pérdidas por reiterados cortes de luz. Fábricas que paran la producción porque les interrumpen el suministro de gas. Todas expresiones, desde las más trágicas hasta las menos visibles, de un verdadero “default” de los servicios públicos.
En el servicio ferroviario urbano, cálculos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) sitúan la inversión necesaria sólo para mantenimiento en US$ 500 millones anuales. Según un documento de la Fundación Pensar, ligada al PRO, de 2003 a la fecha se volcaron US$ 50 millones al año. Como mínimo, hay un faltante de inversiones del orden de los US$ 4.500 millones en la última década.
Hasta acá, la política ha sido subsidio-intensiva, con el foco en el pago de sueldos y en la compensación de tarifas bajas respecto del resto de la región. En lo que va del año, los subsidios para trenes y subtes metropolitanos llegaron a más de $ 2.000 millones (ver aparte), con un Estado que intentó reaccionar luego de la tragedia de Once en 2012, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos.
El sostenido ritmo de transferencias no se vio reflejado en el servicio, a tal punto que se acumulan las rescisiones de contratos, la última hace no más de dos semanas, cuando el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunciaba las últimas estatizaciones del Tren de la Costa y del tren de cargas de la empresa ALL. Además, se compraron formaciones con amplia difusión oficial.
Crisis repetida. Con menor costo humano, también hay “choques” permanentes en otros servicios públicos. El caso más visible es el de la electricidad, con apagones repetidos cada vez que hay picos de consumo. En los últimos diez años, la demanda de electricidad creció el 70% en los centros urbanos, pero las redes de distribución no se han ampliado en la misma envergadura. Sin subas de tarifas, las tres grandes distribuidoras –Edenor, Edesur y Edelap– enfrentan hoy serios problemas económico-financieros.
Según el consenso generalizado de la industria, para poner en condiciones óptimas el sistema de transmisión eléctrica en Buenos Aires y el Conurbano habría que invertir alrededor de US$ 2.000 millones. Y luego desembolsar US$ 300 millones anuales para mantener el estado de las redes. Los ex secretarios de Energía de la Nación calculan que para revertir la crisis energética hacen falta inversiones por US$ 15 mil millones.
“Ojalá tuviéramos apagones”, se resignaba un ejecutivo de una gasífera, “así nos prestarían más atención”. El sector de gas también vive al borde del colapso de las prestaciones, según se ve en los balances de distribuidoras como Metrogas –ahora bajo control de YPF– o Camuzzi, último eslabón de una cadena de producción declinante.
Un año después de la nacionalización de YPF, la extracción de crudo disminuyó 5,6% y la de gas, 7,4%. El sueño de revertirlo con los yacimientos no tradicionales de Vaca Muerta implica un shock inversor de US$ 100 mil millones, bastante más que el promedio que vuelcan hoy las petroleras: US$ 4 mil millones.
