Lo que parecía una simple broma y un hackeo de una cuenta de Twitter para molestar, viró en un asunto más serio. El juez federal Sebastián Ramos, en el marco de la causa abierta por la intromisión en la red social de la ministra Patricia Bullrich, recibió un inquietante informe de la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal: más de 30 correos electrónicos oficiales del ministerio de Seguridad.
El hackeo a la ministra se produjo este martes 31 de enero a través de un correo electrónico enviado desde una cuenta falsa -a nombre de la Embajada de Bolivia en Argentina- y a través de un documento ejecutable que permite acceder a las contraseñas del titular de la cuenta que recibe el correo.
El juez Ramos y la fiscal Paloma Ochoa tomaron intervención en el caso por ser los funcionarios judiciales que estaban de turno en la feria judicial. Ramos dispuso, entre otras medidas, que fueran analizadas las computadoras desde las cuales pudo haber sido abierta la cuenta de Twitter de Bullrich para dar publicidad a sus actividades oficiales.
