Entre 2 mil y 3 mil niños y niñas venezolanos residen en la Argentina en un limbo legal, sin poder concretar sus trámites de regulación y acceder a un DNI.La dificultad administrativa es producto de un vacío que dejó la política de puertas abiertas a esta corriente migratoria y de solicitantes de asilo en medio del éxodo que se amplificó entre 2017 y 2019 durante la gestión de Cambiemos y que el gobierno del Frente de Todos aún no subsanó, pese a que está cerca de hacerlo.
Acorde a un informe presentado ayer por la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), a 48 horas que se conmemore el Día Mundial del Refugiado, en los últimos meses de 2018 su oficina de Servicio Social comenzó a recibir consultas de hombres y mujeres nacidos en Venezuela y con residencia en la Argentina que deseaban traer al país a sus hijos e hijas, apelando al derecho a la reunificación familiar. La respuesta llegaría unos meses después, en enero de 2019, a través de la disposición 520/2019 de Migraciones que subsanaría la dificultad de los venezolanos por acceder a documentación como requisito para su ingreso regular.
En el marco de lo que fija la Ley de Migraciones, dicha disposición estableció excepciones relativas a la caducidad de los documentos de viaje y de identidad y autorizó el acceso con partida de nacimiento de niños y niñas menores de 9 años provenientes de Venezuela y solo por pasos terrestres. Sin embargo, la norma dejó un vacío legal en lo referido a la etapa posterior: cómo regularizar la situación de los menores para radicarse en el país y acceder a un documento propio sin documentos.
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El informe de CAREF lleva por nombre “Familias entre fronteras. Niñez venezolana en Argentina: regularización en suspenso” y estipula que hay entre dos mil y tres mil niños y niñas en esta condición de “fantasmas civiles” en la Argentina, a mayo de este año y sobre la base de los pedidos de información cursados a Migraciones. En declaraciones periodísticas, en marzo pasado, la directora del organismo, Florencia Carignano, había dado un número superior: hasta 9 mil menores. Lo más acuciante de su situación es que su condición no les permite completar el trámite de radicación pero tampoco retornar a su país si quisieran hacerlo.
Carignano ya había destacado que resolver ese limbo iba a ser una de las prioridades y, acorde a fuentes vinculadas a su oficina, estaría pronto a suceder. Según pudo saber PERFIL, la norma para subsanar el vacío de la Disposición 520/19 ya estaría redactada y solo faltaría su oficialización. De hecho, se habla de la semana próxima como una posibilidad.
