Jorge Martín Salimei es un extraño en Buenos Aires. Mira a su alrededor como si caminara por Marte. Fue alguna vez uno de los herederos más ricos de la Argentina. Cuando murió su padre, en 1975, se sentó con apenas 20 años en el sillón del principal grupo exportador del país, un conglomerado con 10 mil empleados, el molino más grande del país, un banco internacional, una flota mercante y muelles propios en los puertos de Milán y Bruselas. No había una empresa igual en la Argentina.
Cuatro décadas después, Salimei es un desclasado, no tiene auto y debe vender su departamento. Sin embargo, hace años que el dinero dejó de resultarle importante. El motor que ahora mueve su vida es la búsqueda empecinada de una reivindicación, una lucha contra aquello que llama la "patria garca", contra quienes destruyeron y se enriquecieron con los pedazos de la compañía fundada por su padre. Una empresa que muchos en la Argentina ya ni siquiera conocen y que se llamó Sasetru.
La denuncia. Salimei y un grupo de veteranos trabajadores que pasaron parte de su vida en la empresa presentaron ante el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral una denuncia por “delito económico de lesa humanidad”. Los principales acusados son quienes durante la dictadura fraguaron la quiebra de la empresa en favor de los aliados de José Alfredo Martínez de Hoz y Alejandro Reynal, por entonces al frente del Banco Central.
Pero las denuncias no sólo apuntan al pasado. Salimei acusa también a un sector de la Justicia comercial que desde la dictadura y hasta el presente usa las quiebras para enriquecerse. Esa es la principal explicación de por qué 32 años después, ya sin bienes que liquidar, cuando no queda nada de nada, la causa por la quiebra de Sasetru sigue abierta en los tribunales. “Yo soy un testigo muy inconveniente –dice Salimei–. Hubo firmas falsas de los síndicos. Y resultaron beneficiadas las empresas que competían con Sasetru, las grandes molineras de la Argentina. Yo hice un cierre en mi historia personal, pasé cuatro años con depresión psiquiátrica, y ahora sólo quiero justicia, denunciar a los integrantes de la Argentina garca.”
Una compañía incómoda. La familia Salimei es de raigambre católica y conservadora. De hecho, el padre del actual denunciante formó parte del equipo económico del gobierno del general Juan Carlos Onganía. Pero Sasetru era una empresa incómoda para la última dictadura militar: había sido pionera en la cogestión entre trabajadores y empresarios y dos integrantes del directorio eran obreros de la compañía, tenía su propia obra social y había entregado 1.500 viviendas a sus empleados.
Además, Salimei se negó a entregar al Ejército la lista de delegados sindicales, un pedido al cual accedieron otros empresarios. Tras la negativa llamó el temible Guillermo Suárez Mason, jefe de los escuadrones del Primer Cuerpo del Ejército. “Nos dijo: ‘será como ustedes desean, pero si llega a aparecer algún guerrillero en alguna de las fábricas, no voy a ir a buscar a los delegados gremiales. Los voy a ir a buscar a ustedes’”.
La primera liquidación. Cuando Suárez Mason cortó, el plan para acabar con Sasetru ya estaba en marcha. El fiscal Miguel Osorio, quien ahora investiga la denuncia por “delito económico de lesa humanidad”, explicó en su requerimiento que Martínez de Hoz y Reynal provocaron “un deliberado endeudamiento” del banco de Sasetru para llevar la compañía a la quiebra. Y paralelamente “se inició una persecución contra los directores, quienes fueron detenidos ilegalmente y acusados de terrorismo económico”. El gobierno militar forzó la venta del banco de Sasetru al Bank of America. Los 150 millones de dólares que se pagaron nunca aparecieron.
La segunda liquidación. Salimei y el resto de los socios de Sasetru creyeron que con el regreso de la democracia iban a poner nuevamente la empresa en pie. Pero se enfrentaron con una trama de complicidades en la Justicia comercial que enriqueció a los síndicos y mantuvo intencionalmente la causa abierta durante más de tres décadas. El síndico designado por los jueces, Jorge Lerner y sus socios, se fijaron “en concepto de honorarios la suma de 25 mil dólares, por lo cual cobraron 560 mil pesos mensuales, durante los últimos 27 años”, señala el fiscal Osorio. Se llevaron más que las familias de los 10 mil trabajadores.
Uno tras otro, los bienes de la empresa fueron vendidos. Los gigantescos silos de Avellaneda siguen vacíos, como monumentos de una tragedia argentina. Concluye Salimei: “No pido ninguna reparación económica. Al menos estoy vivo. Otros no. Pero la historia de Sasetru fue un magnicidio industrial. No puede cerrarse sin culpables".
