La ex candidata a diputada del oficialismo en la Ciudad Joanna Picetti, a quien un fallo judicial le impidió asumir, le mandó otra carta al presidente Mauricio Macri y denunció "violencia machista y abuso de poder" de parte del Gobierno. En el mensaje al jefe de Estado, Picetti se quejó porque no recibió respuesta a su misiva de abril pasado y le solicitó una "audiencia urgente" para informarlo sobre su situación, luego de que por una impugnación del oficialismo porteño la Justicia le impidiera ocupar una banca en el Congreso.
"Con violencia y con intimidación se me ha impedido ejercer el cargo electoral de diputada. Este hecho viola y vulnera los derechos humanos, civiles y políticos de los ciudadanos, causa perjuicio irreparable y pone en juego la soberanía del pueblo y la expresión de su voluntad, principio fundamental de la democracia", subrayó la ex postulante del frente Vamos Juntos. Además, le escribió a Macri que "es su deber como Presidente supervisar que los otros poderes funcionen como corresponde y asimismo controlar el comportamiento de los funcionarios que lo rodean cuando estos incumplen la ley".
Picetti dijo en un comunicado que su intención es "alzar la voz de todo la violencia machista y abuso de poder que he vivido los últimos 7 meses por parte del Gobierno". "Quiero contar que me dirigí a las máximas autoridades del poder político y ninguna me ha dado respuesta. Que esto es grave, es grave la violación de derechos humanos de los ciudadanos a raíz de que con violencia e intimidación me han impedido ejercer el cargo electoral", remarcó la ex funcionaria.
Picetti participó de las PASO de agosto de 2017 dentro del frente porteño Vamos Juntos, pero luego por iniciativa de Elisa Carrió fue impugnada ante las denuncias en su contra por maltrato infantil y poco antes de las elecciones generales de octubre la Justicia determinó que quedaba fuera de la nómina, aunque su nombre seguía en las boletas. La ex candidata apeló la decisión de la jueza electoral María Servini, que luego fue ratificada por la Cámara Nacional Electoral, y ahora la definición está en manos de la Corte Suprema.
