La ex vicepresidenta Gabriela Michetti fue imputada ayer por presunta defraudación y negociaciones incompatibles, en el marco del requerimiento de instrucción de la denuncia presentada por la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort.
El impulso de la investigación fue por parte de la fiscal federal Paloma Ochoa, quien también imputó a Helio Rebot, ex secretario administrativo de la Cámara alta, y Germán De Vincenzo, presidente de Dinale SA, la firma involucrada en el caso. De acuerdo con la presentación, Michetti adelantó más de 180 millones a la empresa, que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación. La fiscal también solicitó al juez del caso, Marcelo Martínez de Giorgi, una serie de medidas de prueba.
El eje de la denuncia es la obra de “Readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Alfredo Palacios del Honorable Senado de la Nación”. Obra para la cual, en 2019, fue elegida Dinale SA, que, de acuerdo con la presentación “fue la única empresa presentada a licitación, y por lo tanto, adjudicataria de la obra en cuestión, por un monto total de $2 49.600.000, cuyo plazo de ejecución fue asignado en nueve meses desde el acta de inicio de obra –esto es, 20 de mayo de 2019– ,venciendo el día 20 de febrero de 2020”.
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Según la denuncia, Dinale “solicitó el anticipo financiero correspondiente al 5% del monto total, luego un anticipo financiero extraordinario del 30% –del cual se aprobó un 25% y se otorgó un 20%– y lleva presentados ocho certificados de obra –sumando todo ello un porcentaje del 84% del total de la obra, de los cuales se abonó un monto total de $ 181.156.741, correspondiente a un 72,6% del monto de la licitación”. Adelantos que se habrían concretado a pesar de la falta de cumplimiento en los plazos por parte de la firma.
En la denuncia también se señala que con la elección de Dinale SA, hubo “concentración irregular en manos de una empresa que no se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores” del Senado, al tiempo que agregan que podría estarse también frente a un “posible sobreprecio de obra, ya que los precios determinados por la administración para la apertura a licitación de las obras en cuestión no encuentran justificación fehaciente”.
La denuncia también menciona que se verificaron “otorgamientos excepcionales de anticipos de obra por fuera de la normativa, sin motivación alguna. Dichos anticipos no solo no se encuentran habilitados normativamente, sino que una vez otorgados no fueron descontados conforme los avances de obra certificados ante la administración, la que continuó efectivizando pagos por sobre los adelantos irregulares otorgados de manera excepcional e injustificada”.
