La Justicia deberá investigar si el sindicato La Fraternidad gestó una huelga ferroviaria ilegítima. Luego del paro de maquinistas de trenes del miércoles, que paralizó el área metropolitana y ocasionó disturbios en Constitución, el fiscal federal Federico Delgado hizo lugar a la denuncia penal del ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, e imputó a Omar Marturano, secretario general del gremio.
Delgado ordenó al juez federal Julián Ercolini que investigue si la huelga ferroviaria que afectó a un millón de usuarios está amparada por el artículo 14 de la Constitución o si fue una “excusa utilizada por la conducción del gremio para fines particulares”, en medio de una tensa relación entre el sector y el Gobierno.
Maturano convocó al paro de trenes un día después de que el Gobierno diera a conocer el video de la cámara externa de la cabina del tren Chapa 1, que chocó contra otra formación en la estación de Castelar. Fue, además, en medio de una polémica por la intención de Randazzo de colocar cámaras en las cabinas de los trenes.
Si el juez determina que la huelga estuvo protegida por el derecho constitucional, la causa contra Maturano se cerrará, pero si establece que el sindicalista cometió el delito de impedir el normal funcionamiento del transporte terrestre por un supuesto interés particular, podría ser penado con entre tres meses y dos años de prisión.
Delgado reconoció la huelga como un derecho constitucional pero recordó que está “sujeto a un ejercicio razonable”. “Nuestro criterio ha sido privilegiar el ruido de la libertad”, como en los casos en los que la fiscalía falló a favor de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el gremio de judiciales de Julio Piumato. Pero el fiscal citó excepciones: cuando la protesta social o la huelga, aseguró, está motivada en un interés particular, “no previstos por la Constitución”, y deja de “rehenes” a los ciudadanos. Citó como caso testigo protestas del grupo Quebracho.
Sin embargo, en diálogo con PERFIL, Maturano aseguró que la medida fue en respuesta a la falta del pago del medio aguinaldo a la mitad de los trabajadores de su gremio, que son cinco mil en total. No disimuló su ira con la estrategia del Gobierno de inculpar al motorman de Castelar por el choque de trenes y aseguró que está defendiendo los derechos de sus trabajadores. Dijo que la medida de fuerza está amparada por la ley.
Rehenes. En una reunión con algunos de sus pares de la CGT oficial, Maturano había manifestado su furia con el Gobierno por varias razones, y alertó sobre su intención de convocar a un paro de trenes. Algunos de sus pares le sugirieron que al menos fuera un paro anticipado, para disminuir el efecto de caos social.
La crisis entre los ferroviarios y el Gobierno comenzó cuando la Presidenta apartó al ministro Julio De Vido del control del transporte y puso al mando a Randazzo. Los cambios fueron una respuesta espasmódica a la tragedia de Once. Incluyó el recorte de poder de los hombres de Maturano en el Gobierno. “Randazzo ni siquiera te atiende el teléfono”, admitieron en la central obrera. Para lavarse de culpas por la tragedia de Once, el Gobierno apuntó al motorman. Lo mismo sucedería un año más tarde con el choque de Castelar.
En las últimas semanas, la gota que rebalsó el vaso fue una reunión entre Maturano y funcionarios de Transporte luego de la tragedia de Castelar. El Gobierno se comprometió a que no culparía al motorman del tren que chocó en junio y que dejarían la cuestión de las responsabilidades a la Justicia. Unos días después, Randazzo dio la contraorden y el sindicalista se desayunaba con la filtración de fotos de la cabina del tren chocado donde se mostraba el velocímetro del tren en 60 kilómetros, en clara alusión a que el maquinista no había frenado a tiempo. Días después, la difusión del video de la cabina del tren que chocó en Castelar terminó por provocar la ira de Maturano.
Al día siguiente, se decretó el paro.
