El juez federal Sergio Torres ordenó hoy la "inmediata detención" de dos manifestantes y de un efectivo policial que formaron parte de los incidentes ocurridos el pasado lunes 18 de diciembre frente al Congreso de la Nación, mientras se debatía la reforma previsional.
El magistrado pidió que identifique, en un plazo no mayor a 24 horas, al policía que pisó con su moto a Alejandro "Pipi" Rosado. Se trata de un cartonero que aseguró no haber participado de la protesta y que se había caído al piso tras recibir balazos de goma, cuando la motocicleta lo pasó por encima, generándole una lesión en el pecho y una quemadura en la pierna.
El magistrado pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que proporcione la identidad del agente que -según captaron imágenes de cámaras de seguridad- "arroja varias veces un spray a escasa distancia y directamente al cuerpo y rostro de un adulto mayor que se encontraba solo y desarmado", en un video que se difundió an las redes sociales. El juez consideró que se encuentran reunidas las condiciones procesales para que este efectivo preste declaración indagatoria.
Torres también ordenó la detención de dos manifestantes, César Javier Arakaki y Lucas Iván Sauret, a quienes se identificó a través de las imágenes registradas mientras agredían a Brian Fernando Escobar, un efectivo de seguridad que fue diagnosticado en el Sanatorio Güemes con "fractura del hueso temporal de cráneo, pérdida de audición del oído izquierdo, cortes en la nuca y frente, además de escoriaciones varias".
A su vez, requirió la declaración indagatoria de Mariano Ernesto Stansiola, un militante de la UOM que fue "observado en filmaciones y fotografías atacando al personal policial con piedras y otros elementos contundentes", y momentos más tarde socorriendo en el suelo a un agente caído.
La misma suerte corrió Damián Alejandro Ferrero, el ex sargento de la Policía Bonaerense que deberá prestar declaración indagatoria: fue identificado como una de las personas que arrojó piedras contra los efectivos, por lo cual fue desplazado de la fuerza. Este policía se desempeñaba en el Comando de Patrulla de Escobar, pero desde el 30 de noviembre del año pasado estaba en Junta Médica Departamental por problemas psiquiátricos: el efectivo fue divisado en fotos tirando piedras y, al cruzarse la información, se detectó que era un efectivo de la Policía Bonaerenese.
Las actuaciones del juez se fundan en las imágenes y filmaciones que obtuvo la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), publicadas en las redes sociales por usuarios a lo largo de esa jornada y durante las horas siguientes, además de las imágenes de las cámaras de seguridad de la Ciudad y las de los diversos medios de comunicación.
La Procuvin había presentado una denuncia ante Torres para que se investigaran varios hechos de presunto abuso en el accionar de la Policía Federal y de la Ciudad en el operativo de seguridad de aquel 18 de diciembre pasado, cuando quedaron detenidas 70 personas. Fueron liberadas a las pocas horas al constatarse que la mayoría no correspondía a los grupos que habían arrojado piedras.
La presentación fue realizada tras una investigación preliminar en base a testimonios de manifestantes heridos y de organismos de derechos humanos, que denunciaron el abuso policial.
