En la reabierta causa por el vaciamiento del yacimiento de Río Turbio, en Santa Cruz, el millonario empresario K Sergio Tasselli fue indagado hoy por la Justicia, tras haber faltado a la cita anterior invocando “cuestiones laborales impostergables”, informó el sitio Será Justicia .
En efecto, el juez federal Sergio Torres llamó para hoy a las 11 al controvertido empresario, para indagarlo en la causa en la que se lo acusa de vaciar la empresa Carbonífera YCRT, en la Provincia de Santa Cruz, por la que recibió subsidios del Estado nacional de 22.500.000 dólares por año entre 1994 y 2002, cuando tenía la concesión de esa ampresa.
Además del vaciamiento de la empresa, Taselli está acusado por los posibles delitos de administración fraudulenta, contrabando calificado y una serie de otros ilícitos conexos. Entre ellos, desviar fondos de los subsidios y bienes del Estado en beneficio de sus propias empresas, hacer maniobras contables para evadir impuestos, incumplir el compromiso de reintegrar bienes muebles e inmuebles del Estado que estaban a su guarda, abandonar hasta su destrucción locomotoras, materiales rodantes de todo tipo, los grandes talleres de reparaciones, incumplir los compromisos de producción acordados, y abandonar el Yacimiento Carbonífero, dejándolo improductivo.
La causa fue promovida por Raúl Wanzo, ex Secretario General de ATE de Rio Turbio, que se inició a instancias de un congreso de los mineros del carbón de Río Turbio en el año 2001. Sin embargo, el empresario, que por entonces obtuvo la concesión de la empresa cuando Menem la privatizó en 1993, fue sobreseído por el mismo juez Torres en 2008, alegando que la documentación de la empresa sobre las irregularidades había desaparecido, por lo que no era posible comprobar las acusaciones.
Pero en abril del año pasado, los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocaron el sobreseímiento y le ordenaron a Torres que llame a los imputados a declarar de nuevo para establecer cualquier "responsabilidad que por su comisión le pudo haber cabido tanto a los responsables de la empresa como a los funcionarios públicos encargados de auditar el cumplimiento del contrato".
La causa lleva más de ocho largos años.
