Un actor central en la puja entre el Gobierno y el Poder Judicial por la reforma judicial podría ser el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota.
El mandatario, de excelente relación con el ministro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, mantiene conversaciones con sectores de la Justicia para intentar que sea un juez federal de su provincia con competencia electoral quien pueda suspender la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.
PERFIL contó el domingo que la Justicia electoral será clave en la disputa. Si bien las fichas están puestas en la jueza con competencia electoral en la Capital federal, María Servini de Cubría, quien podría comenzar a recibir los amparos y las impugnaciones en breve, no se descarta que sea un juez de Córdoba quien acepte los rechazos a la reforma y frene la ley del Gobierno.
El radicalismo también accionará. Voceros de ese partido admitieron que esperarán la publicidad de la norma para atacar con amparos y acciones de inconstitucionalidad en la Justicia electoral de Capital Federal –el juzgado de Servini–, y que analizan si también lo harán en los juzgados electorales de las provincias.
Los partidos políticos opositores podrán cuestionar la cantidad de circunscripciones habilitadas para las postulaciones.
Ayer se cumplió el plazo de promulgación del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y controla a los jueces. La nueva ley K habilita la elección popular de sus miembros y amplía su número de 13 a 19.
Por lo tanto, el Ejecutivo debería publicar la norma el lunes para promulgarla, y eso habilitaría las impugnaciones que preparan la Asociación de Magistrados, la Federación Argentina de Abogados, los colegios de abogados de distintas provincias, ONGs y también partidos políticos opositores. Pero el Gobierno no publicará la ley, confirmaron fuentes a este diario.
Sin embargo, este punto dispara la discusión de los técnicos que trabajan en la defensiva contra la iniciativa oficialista. Para algunos, como la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la norma puede impugnarse una vez publicada, y esperarán para cuestionarla ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo federal.
De acuerdo con otros consultados, la norma ya podría ser impugnada sin su publicación. Es decir que a partir del lunes podrían comenzar a presentar los amparos para frenar la reforma.El Gobierno no tiene plazo para publicarla en el Boletín Oficial, por lo que estiman los especialistas que lo harán lo más cerca posible del cierre de listas de candidatos para dar menos tiempo al cuestionamiento judicial y que llegue a resolución de la Corte lo más tarde posible. Una vez que se ponga en funcionamiento la convocatoria electoral para octubre, el terreno judicial será más áspero. El oficialismo cree que, puesta en marcha, la norma podría resultar “abstracta” para su tratamiento en la Justicia.
