La noticia judicial del día la brindó el magistrado federal Julián Ercolini, quien hace minutos ordenó la intervención judicial de los hoteles de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner a través de una serie de medidas adoptadas en la causa Hotesur.
El juez dispuso designar veedores informantes, decretó la inhibición general de bienes y dictó una medida de no innovar para que no haya cambios en la composición accionaria de las empresas controlantes de los emprendimientos turísticos. "Los veedores informantes deberán dirigir su actuación con la finalidad de procurar la fiscalización de las firmas, determinar el estado de los bienes que poseen las empresas en cuestión, y los pormenores de los negocios y actividades que aquellas realicen, vigilar la conservación del activo y cuidar de los bienes que posean no sufran deterioro o menoscabo, comprobar entradas y gastos y toda irregularidad que adviertan en la administración, para lo cual deberá dar cuenta de sus observaciones mensualmente", precisó Ercolini.
Los interventores también deberán informar "de inmediato" a los fiscales del caso si se verifica la extracción por parte de los socios de dinero como crédito con la sociedad y/o adelantos o retiros de caja chica. Ercolini investiga si la familia Kirchner utilizó los hoteles que están ubicados en la Patagonia para obtener dinero que aparenta ser lícito, pero que según los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques provenía de un ilícito a través de la obra pública.
En la maniobra de "defraudación al Estado" por favorecer a Báez con obra pública (52 contratos por $ 46.000 millones), se señaló que dichas "ganancias ilícitas se encontraban en poder" del empresario K y que les permitió "desarrollar un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción” de dichos fondos. En este punto sostienen que se creó un circuito económico basado en la actividad hotelera.
En este “andamiaje diseñado” los Kirchner interpusieron -según los fiscales-, la empresa Valle Mitre “como vehículo para ejecutar la maniobra a través de la administración de hoteles presidenciales”. Y definieron a la empresa de Báez como una “sociedad pantalla”.
