Por varias fallas consecutivas en las puertas de los patrulleros policiales durante distintos delitos, la Justicia inició una investigación para constatar si una partida de al menos 500 vehículos tienen el blindaje necesario sobre los laterales.
El juez de Garantías platense César Melazo autorizó días atrás, a pedido de los fiscales de Delitos Complejos Carlos Argüero y Esteban Lombarda, el secuestro de un par de patrulleros de la policía bonaerense que salieron a la calle para someterlos a un estudio técnico.
Un grupo de peritos en balística del Instituto Superior del Ejército habrían asegurado que algunas de las balas usadas en delitos específicos traspasaron los blindajes que cubren los vehículos de la policía bonaerense.
Los partida de patrulleros fue adquirida por el Ministerio de Seguridad bonaerense a la empresa Igarreta S.A. a principios de 2005 y se pagaron por cada blindaje de los parabrisas delantero y trasero y de las puertas laterales 1.500 dólares por unidad.
La investigación apunta a dos francos: saber si la empresa proveedora estafó al Estado o si la gobernación no controló correctamente la calidad de los autos entregados por la firma.
Paradójicamente, la denuncia penal fue radicada por las mismas autoridades del Ministerio de Seguridad que dirige León Arslanián, quien también habría utilizado esos móviles. Otros 1.500 patrulleros también podría tener las mismas fallas, alcanzado un fraude de más de 2 millones de dólares.