Isabel Martínez de Perón puede alegar desconocer la existencia de la Triple A. Es una mujer limitada y hay varias situaciones que pusieron en evidencia que no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en varios campos de su gobierno más de treinta años atrás.
La biografía sobre ella de María Sáenz Quesada, que es lo más completo y objetivo que se ha escrito sobre ella, la muestra en todas sus facetas humanas, incluso las limitaciones y resulta muy útil para comprenderla en su contexto histórico, el que hoy parece olvidado o tergiversado.
Pero, ¿podía desconocer lo que sucedía el Congreso integrado por más de trescientos legisladores? ¿Podía desconocer lo que sucedía el Poder Judicial, con una Suprema Corte que era la designada por Cámpora?
La realidad es que la primera denuncia sobre la Triple A la realiza, en los primeros meses de 1975, el Coronel Jorge Sosa Molina, que era el Jefe del Regimiento de Granaderos y no un legislador, sindicalista, político o juez.
Pero hasta los últimos meses de 1975, cuando Isabel firma el decreto ordenando a las Fuerzas Armadas hacerse cargo del “aniquilamiento” de la “subversión” en todo el territorio nacional, la Triple A o sucedáneos juegan un rol central en la represión. En cambio, desde los últimos meses de ese año, comienza a funcionar la represión ilegal del propio estado, meses antes del golpe de 1976, que es la cuestión que de una u otra forma se planteará ahora.
El intento de realizar un paralelo con las GAL de Felipe González es válido, ya que éste terminó considerando que la vía judicial no resultaba eficaz para enfrentar la ETA, como si lo asumió a Aznar. Pero en España, el sistema político y judicial cerró filas para defender a Felipe, asumiendo que había cometido un error, pero que responsabilizarlo por él, era darle una victoria política a la ETA.
(*) Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría