Pudo haber sido recordada por la historia como la primera mujer que asumió la presidencia de un país americano. O como la última esposa del único jefe de Estado argentino que fue ungido tres veces en elecciones democráticas. Sin embargo, a los 83 años, María Estela Martínez de Perón conserva el estigma de haber gobernado a la sombra de la Triple A, una organización de extrema derecha que asesinaba a opositores, y de haber autorizado el Operativo Independencia en Tucumán, el “banco de prueba” de la dictadura que detentó el poder entre 1976 y 1983.
Al cumplirse cuarenta años de su asunción, el mismo 1º de julio de 1974 en que falleció el general Juan Perón, Isabelita –como la llamaba el pueblo justicialista– está imputada aún en tres causas judiciales, aunque no hay chances de que avancen en su contra: la primera es la que sustancia el juez Norberto Oyarbide por los asesinatos cometidos por la banda parapolicial que capitaneaba el ministro de Bienestar Social de Perón y su viuda, José López Rega. La segunda, la que investiga el juez de Mendoza Héctor Acosta por la desaparición de los militantes Aldo Fagetti Gallego y Jorge Valentín Verón, en febrero de 1976, presuntamente en manos de la Triple A. La tercera, la que ventila crímenes de lesa humanidad en Tucumán a partir del Operativo Independencia, avalado con el Decreto 262/75 de Isabel.
Atilio Neira, abogado penal de la ex presidenta, explicó a PERFIL que ninguno de los expedientes hace peligrar su tranquilidad: “El Supremo Tribunal de Justicia de España denegó, con un fallo contundente, los pedidos de extradición” de Isabelita para que sea indagada.
Ante requerimientos de Acosta y Oyarbide, el tribunal español sostuvo que los crímenes de la Triple A “no constituyen delitos de lesa humanidad y por tanto han prescrito”. Además, rechazó la jurisdicción de Oyarbide basándose en la propia ley argentina que indica que “los jueces carecen de legitimación para juzgar a las autoridades constitucionales destituidas por actos de rebelión, por ausencia del presupuesto representado, por su desafuero parlamentario o juicio político”.
A su vez, los fiscales de Tucumán Pablo Camuña y Patricio Rovira solicitaron que la ex presidenta sea llamada a declaración indagatoria, pero tanto el juez Daniel Bejas como la Cámara Federal de esa provincia rechazaron imputar a Isabel. Es que consideraron que el decreto que dio vida al Operativo Independencia no consintió las acciones posteriores e incluso formó parte de un plan de las Fuerzas Armadas para derrocarla. De todos modos, los fiscales apelaron ante la Cámara de Casación Penal.
Neira señaló a este diario que el recurso “no tiene demasiados fundamentos” y anticipó que si prosperara aquí “el Supremo Tribunal de España ya fue muy categórico y muy duro con los jueces argentinos”, ante pedidos similares.
La viuda de Perón sigue retirada en las afueras de Madrid, como desde que se radicó en ese país en 1981. “Tiene una vida sencilla y no habla públicamente desde mediados de la década del 90”, sostuvo su abogado, que le restó verosimilitud a la versión aparecida en medios españoles que padece Alzheimer. “Está bien de salud, pero obviamente en las condiciones de una señora de su edad”, subrayó Neira, quien precisó que si tuviera Alzheimer no habría podido firmar, por ley, su testamento. Según informó la prensa madrileña, Isabelita donó el 90% de su patrimonio a asociaciones benéficas y el resto será repartido entre sobrinas y empleados.
