En la provincia donde se realizará el primer matrimonio gay del país, el gobernador tira más leñas al fuego en contra de esta institución entre parejas homosexuales. Sucede que el mandatario mendocino, Celso Jaque (que ya se había pronunciado en contra de la norma antes de su promulgación), dispuso que se elabore una nómina de oficiales del Registro Civil que se niegan a celebrar bodas gay.
En efecto, sólo un día después de que la presidenta Cristina Fernández promulgara la ley, Jaque instruyó a su ministro de Gobierno, Mario Adaro, para que elaborara un relevamiento de los funcionarios del Registro Civil que no estén dispuestos a realizarlo, con la finalidad de aceptar su "objeción de conciencia" para no concretar los matrimonios.
Cuando el Senado aprobó el matrimonio gay en el Senado, el jefe del bloque del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó a la oposición y en particular atacó al artículo referido a la objeción de conciencia. "Eso es más propio de la Alemania nazi que de un estado democrático", había dicho.
Mendoza es, sin embargo, la sede del primer matrimonio homosexual del país, que se celebrará el 31 de julio, y que unirá ante la ley a una pareja de chilenos que viven en el país hace 14 años.
La curiosa decisión del mandatario provincial cayó muy mal entre los legisladores provinciales de la oposición, informó MDZol . “Es un error del gobernador porque hay una ley nacional que se tiene que cumplir y el funcionario público no puede incumplir con sus deberes. Por lo tanto, recomendar a empleados del Registro Civil que no cumplan con la ley, podría ser una ilegalidad”, señaló el jefe del bloque de senadores provinciales del Partido Demócrata, Carlos Aguinaga.
Alejandra Naman, del ARI provincial, también criticó a Jaque: “Es una barbaridad que el gobernador quiera hacer un registro de quienes tienen reparos de conciencia para casar a una pareja de homosexuales. Esta vez se está extralimitando; no puede avanzar sobre una ley nacional que es el matrimonio civil”.
Otro de los que alzó la voz fue el cobista Juan Carlos Jaliff, aunque con menos vehemencia que sus colegas de otros partidos. El ex vicegobernador admitió que “este un tema controvertido, pero más allá de la opinión personal que pueda tener cada uno, la ley fue sancionada y no se puede utilizar el mecanismo objetor de conciencia. Sí puede entenderse que alguien se niegue a realizar un aborto, pero en el caso de la ley de matrimonio igualitario, los funcionarios tienen que cumplir con lo que dice la ley”.
