Luego de las denuncias por intento de soborno que trascendieron en mayo, que involucró a Uruguay y Argentina por el dragado del canal Martín García, el Tribunal de Cuentas uruguayo consideró que hay "dudas" sobre la regularidad de los procedimientos para extender el contrato de su mantenimiento, según un informe difundido por la cancillería del país vecino.
En la auditoría, el órgano fiscalizador indicó además que Uruguay debe evaluar la posibilidad de denunciar el caso en la Justicia y apunta la responsabilidad a la Argentina, según informó la AFP.
El tribunal había sido convocado en mayo por la cancillería uruguaya tras versiones periodísticas sobre supuestos hechos de corrupción en la extensión del contrato con la empresa Riovia, subsidiaria de la holandesa Boskalis International y que se ocupa del dragado desde 1996.
Por entonces, el embajador itinerante Julio Baráibar renunció tras denunciar un presunto "intento de soborno" de parte de Argentina durante las negociaciones para el dragado del canal binacional Martín García, pero el presidente José Mujica no aceptó la dimisión.
En el informe del Tribunal de Cuentas se sostiene que "existió un enlentecimiento en el tratamiento de temas importantes y trascendentes dentro de la CARP (Comisión administradora del Río de la Plata), actitud que tuvo incidencia directa en la forma en que se llegó al final del plazo contractual con Riovia".
Mientras se postergaban las negociaciones sobre el llamado a una licitación internacional para una nueva concesión para la profundización del dragado -que Uruguay y Argentina negocian desde hace meses- "se dejaron de adoptar las medidas necesarias para mejor negociar con Riovia S.A. la inminente prórroga del contrato", lo que llevó a que no se hiciera un concurso de precios y generó condiciones más beneficiosas a Riovia, indicó.
El informe atribuye la responsabilidad por esa situación a la delegación argentina al tiempo que afirma que los delegados uruguayos ante la CARP -creada en 1973- actuaron "tratando de preservar los intereses del país".
Fuentes oficiales del país vecinos consultadas por el periódico El Observador afirman que las presuntas irregularidades se refieren al "ofrecimiento de una coima al presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de La Plata (CARP), Francisco Bustillo".
Indican además que el organismo no realizaría ningún planteo ante la Justicia porque el presunto pago de coima se registró en la Argentina.
