Luego de 37 días de con paro, despidos, represión y cortes en la Panamericana, que llevaron al límite el clima social en la zona norte, el Gobierno nacional se decidió a intervenir en el conflicto de la empresa Kraft, multinacional que comercializa en el país las marcas de la ex Terrabusi. Y aunque no se logró desactivar todavía la "bomba social" que el conflicto entrama, la participación del ministro de Trabajo Carlos Tomada y los funcionarios del área laboral bonaerense logró, al menos, que las partes se sienten a negociar y empiecen a restañar las heridas provocadas por el durísimo conflicto.
Kraft no dio marcha atrás con los despidos, demanda excluyente de los delegados de los trabajadores, pero Tomada al menos consiguió que la empresa "se comprometa a analizar caso por caso" las cesantías y suspensiones, situación que no asegura que vaya a retractarse, pero permitió a los funcionarios hablar de un "principio de solución". Lejano aún, pero esperanza de solución al fin.
"Lo importante es que se ha ratificado al diálogo como el camino para superar el conflicto", dijo Tomada, cauteloso con la espinosa situación que tiene entre manos, en la que ambas partes aseguran tener la razón (y cuestan 8 o 10 kilómetros de embotellamiento cada mañana y tarde en la Panamericana).
Kraft aceptó que a partir de mañana ingresen a la planta los cinco delegados suspendidos y pagará los sueldos caídos. Pero habrá que ver la conclusión del "análisis caso por caso" de los despidos. Los delegados de los trabajadores, en tanto, someterán lo que se habló en La Plata ante asambleas esta madrugada, y expresaron su intención de no adoptar nuevas medidas de protesta hasta el jueves, día en que habrá una nueva reunión. Se abrieron, entonces, 48 horas para tratar de encontrar una solución definitiva al tema.
