Se trata de un informe de ocho volúmenes y cerca de tres mil páginas. Denuncia la
violación del Estatuto sobre el Río Uruguay. El gobierno de
Tabaré Vázquez
tiene seis meses para hacer el descargo.
default |
Cedoc
El gobierno argentino presentó hoy ante la
Corte Internacional de Justicia de La Haya una detallada
fundamentación de la demanda presentada por la violación del
Estatuto bilateral sobre el río Uruguay, a partir de la autorización del gobierno uruguayo
para instalar dos plantas de celulosa.
La representante legal de la Cancillería, la embajadora
Susana Ruiz Cerruti, acudió hoy al Palacio De Paz, en
compañía del director del Instituto de Servicio Exterior Argentino,
Horacio Basabe, y el embajador en Países Bajos,
Santos Goñi Marenco.
La delegación entregó al secretario de la Corte el informe de
ocho volúmenes y cerca de tres mil páginas que contiene la
"memoria" de la demanda contra Uruguay en el marco del conflicto por la autorización unilateral
para instalar las fábricas de pasta de celulosa de la empresa española Ence y la finlandesa Botnia.
"
Uruguay incumplió normas de procedimiento previstas en el
Estatuto, como los mecanismos de información y consultas previas cuando una obra pueda
afectar la navegación, la calidad de las aguas o el régimen del río como recurso compartido",
indicó una fuente de la Cancillería a la agencia de noticias
Télam.
Ahora
Uruguay tendrá seis meses para presentar su "contramemoria",
pero
la Corte podrá volver a llamar a audiencias a las partes si piensa
que es necesario; sigue la etapa de "réplica" y "dúplica", lo que precederá a la etapa final
de decisión de la Corte sobre si hubo o no violación del Estatuto.
En cuanto al contenido de la memoria, la documentación incluye correspondencia diplomática,
actas, informes científicos y técnicos, comunicados, croquis, mapas, fotografías e informes
científicos preparados por expertos independientes.
El gobierno argentino presentó formalmente la demanda contra Uruguay ante la Corte de La Haya
el 4 de mayo pasado, y el primer paso en el desarrollo del proceso se puso en marcha en julio, con
las primeras audiencias con los representantes de los gobiernos de Argentina y Uruguay.
