Cuando a las 12.15 del jueves 9 de junio el principal Héctor José Lusarreta, oficial a cargo de la Oficina de Judiciales de la Comisaría 2ª, llegó al primer piso de Moreno 750, se encontró con el comienzo de una batalla campal. Casi de inmediato, vio dos caras conocidas: de algún lado le sonaba el rostro de aquella señora rubia, voluminosa, de pelo desgreñado, que ahora gritaba desencajada contra el señor de estatura mediana y barba candado que sí, recordó de inmediato Lusarreta, había visto alguna vez en programas infantiles de la tele.
Pero la escena actual estaba fuera del horario de protección al menor. Alrededor de la rubia y el animador forcejeaban una decena de personas, claramente divididas en dos bandos: unos aferrados a pilas de carpetas, otros levantando la voz y pidiendo por sus derechos. Lusarreta intentó, en vano, que mantuvieran la calma, y todos terminaron en la comisaría.
Desde entonces, los teléfonos no pararon de sonar y la batalla del Inadi llegó a las primeras planas. Para el Gobierno, el resultado no podía ser peor: al escándalo Schoklender, que aún hoy sigue bifurcándose en caminos insondables, se le sumaba otra pelea en el mismo campo: los derechos humanos, a pocas semanas de las elecciones. El Ejecutivo reaccionó como si se tratara de una gresca de dos niños en el recreo: mandó a ambos a la dirección. María Rachid renunció a la vicepresidencia; Claudio Morgado fue removido de su cargo como titular, y el organismo fue intervenido.
Después llegó el tiempo de pasar facturas: fue Aníbal Fernández quien acercó a Rachid, pero un día dejaron de enviarse mensajitos de texto y fue el mismo Aníbal quien le pidió que se alejara. Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico, pudo finalmente, en el río revuelto, imponer a su propio candidato como interventor: Pedro Mouratian.
En algún lugar de la Ciudad, Filmus miraba el escándalo por la televisión, espantado: Rachid ocupa el cuarto lugar de la lista 604 como legisladora; ya no pueden echarla y no parece dispuesta a renunciar. ¿Qué hacer con ella?
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