La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará las presuntas violaciones del Estado argentino a los derechos laborales bajo el gobierno de Mauricio Macri. Será en una audiencia pública que se realizará desde las 9.45 en el Palacio Legislativo de Montevideo, Uruguay, a partir de una presentación impulsada por la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), acompañados por las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) y diversas organizaciones sindicales y de derechos humanos.
Es la primera vez que la CIDH hace lugar a un pedido de audiencia pública para tratar este tipo de violaciones y se da en un contexto en el que la comisión decidió darle relevancia a los aspectos económicos, sociales y culturales, mediante la creación de una relatoría. El Estado brasileño corrió la misma suerte, con una audiencia realizada hoy, en la que participaron jueces laborales, sindicatos e integrantes del Ministerio Público Fiscal de dicho país.
La presentación argentina hace foco en tres ejes: Ataque a los abogados laboralistas, a jueces del trabajo y a los sindicatos, mediante la "Injerencia y Criminalización".
Perfil se comunicó con Matias Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laborales, que calificó como "muy promisorio el hecho de que la Comisión haya llamado a una audiencia pública", ya que el Estado nacional deberá ofrecer "respuestas concretas" a los planteos realizados, explicó.
El abogado laboralista hizo hincapié en que el gobierno de Macri, que luego de ganar las elecciones de medio término tiene en mente una reforma laboral similar a la de Brasil, "ataca a los abogados y jueces del trabajo y los sindicatos para atacar la efectividad de los derechos laborales", con miras en la futura reforma, dijo. "La idea es que los trabajadores estén desprotegidos", agregó.
Las denuncias abarcan, por ejemplo, los pedidos de juicio político realizados a los jueces que homologaron la paritaria bancaria, en febrero de este año. En su momento, Enrique Arias Gibert y Graciela Marino fueron acusados de mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave e incumplimiento de la Constitución Nacional.
Cremonte destacó también la acusación del presidente Macri a Héctor Recalde y "la industria del juicio" de "mafia".
Por otro lado, Diego Morales, Director Litigio y defensa legal, reconoció a Perfil que la CIDH "siempre siguió de cerca las cuestiones vinculadas a defensores de DDHH y dentro de ese concepto incluyó a abogados de trabajadores y jueces laborales", un trabajo que se hace desde 2006. Este año, explicó, la Comisión creó la Relatoría especial para la defensa de cuestiones económicas, sociales y culturales.
En ese contexto, consideraron que era necesario pedir una audiencia, la cual fue realizada por veinte organizaciones, entre las que hay organizaciones de derechos humanos, sindicatos, asociaciones de abogados, etc. "Yo creo que la CIDH vio esa heterogeneidad en el pedido de audiencia y lo consideró necesario".
Sobre una hipotética respuesta del gobierno ante esta audiencia, Morales reconoció que no es posible adelantar algo, pero hay dos alternativas: "O se acerca para negar tajantemente las persecuciones a los actores del trabajo o traer información, con estadísticas claras, que nieguen lo pedido a la audiencia".
El secretario nacional de Derechos Humanos, Claudio Avruj, está también en Montevideo para denunciar a la OEA la infiltración K en las decisiones de la CIDH, según publicó Clarín hoy.
Uno de los jueces denunciados por el macrismo por realizar una sentencia donde estaba implicado el Poder Ejecutivo se mostró entusiasmado por la audiencia, ya que calificó a las denuncias calificadas como "efecto disciplinador sobre los jueces de todo el país" ya que, insistió, todas las sentencias se ajustaron a derecho y respetaron los debidos procesos. "Esto en democracia no puede pasar", explicó el juez.
