La reforma judicial sería frenada por la Corte Suprema esta semana, pero la postura de los ministros está dividida entre dos posturas: una declaración rotunda y contundente de la inconstitucionalidad de la norma o un fallo más político y mediador para evitar enfrentamientos con el Gobierno.
Ricardo Lorenzetti, el presidente del cuerpo, tendrá un gran desafío por delante, en la búsqueda de consenso entre los siete miembros del Máximo Tribunal.
Según pudo reconstruir PERFIL, el ala dura de los ministros liderada por Carlos Fayt sostendría que la reforma del Consejo “destruye el artículo 114 de la Constitución Nacional al romper el equilibrio entre las representaciones de los órganos, ya que un solo segmento político tomaría todas las decisiones”. Ese sector de la Corte sostiene que la reforma judicial habría “modificado de hecho la Constitución a través de una ley del Congreso”, y entre sus argumentos plantea que vulnera el “artículo 109 de la Carta Magna que establece que en ningún momento el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales”, y que estaría en juego “la independencia del Poder Judicial y con ello el sistema republicano de Gobierno”.
El ala más política busca consenso para evitar que el fallo de la Corte signifique un quiebre definitivo con el Gobierno. En ese sector estarían Lorenzetti y la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco. A pesar de buscar un fallo menos duro contra el Gobierno, coinciden en fallar en consonancia con los razonamientos jurídicos realizados el martes por la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría. Una forma de fallar con “consenso” sería dar visto bueno a la elección popular de los académicos que integren la Magistratura, pero en un número restringido, distinto al de la ley que se impugna.
Todos los miembros de la Corte coinciden en que la nueva integración del Consejo de 19 miembros no resulta “equilibrada” como lo exige la Constitución, ya que la participación de jueces y abogados queda diluida frente a los representantes del sector político, como lo sostuvo Servini.
Coinciden también en que ni jueces, abogados o académicos pueden participar en listas partidarias porque perderían la independencia. El voto del ministro Eugenio Zaffaroni es el más esperado. El magistrado participó de la confección de la reforma K pero no quedó conforme con el resultado. Se estima que votará como la mayoría de los ministros pero tal vez opte por fundamentar por separado su fallo.
Servini de Cubría declaró inconstitucionales cuatro artículos de la ley 26.855, que reforma el Consejo de la Magistratura y dispone la elección popular de sus miembros, y el decreto presidencial que convoca a elección de consejeros, abogados, jueces y académicos en las próximas elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO). El viernes, además, frenó el proceso de registro de los candidatos de las alianzas para el Consejo de la Magistratura del Frente para la Victoria y otro partido.
