La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará mañana en Bogotá una audiencia pública en la que abordará el caso del periodista Eduardo Kimel, condenado por la justicia argentina a raíz de su crítica por la actuación de un juez en la denominada "Masacre de San Patricio", ocurrida durante la dictadura militar.
La Corte escuchará en audiencia pública la declaración del periodista, así como los alegatos de la CIDH, los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Estado argentino, según informó el máximo tribunal.
Kimel es autor del libro "La masacre de San Patricio", publicado en 1990, en el que investigó el asesinato de cinco religiosos católicos de la comunidad palotina del barrio porteño de Belgrano R ocurrido el 4 de julio de 1976.
El juez Guillermo Rivarola, quien tuvo a su cargo la investigación del hecho entre 1976 a 1977, querelló al periodista porque consideró que un párrafo del citado libro, en el que se informaba sobre su actuación, constituía una "calumnia".
Tras un prolongado proceso judicial que duró nueve años, Kimel fue condenado a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización de 20.000 pesos.
El periodista denunció este fallo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en enero de 2001.
Tras el trámite correspondiente, la Comisión solicitó a la Corte que "declare al Estado (argentino) responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 y 13 de la Convención (Americana de Derechos Humanos)", referidos al "plazo razonable" del proceso judicial y al "derecho a la libertad de expresión", respectivamente.
El 24 de agosto pasado, el Estado argentino "asumió su responsabilidad internacional por la alegada violación de los artículos 8.1 y 13 de la Convención", señala un comunicado de la CIDH.
La Corte tendrá entonces que determinar cuáles son las medidas pecuniarias y no pecuniarias que el Estado deba adoptar en consecuencia.
La CIDH es una institución judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, texto que fue incorporado al cuerpo constitucional argentino en la reforma de 1994.
Fuente: Télam