La presidenta Cristina Fernández de Kirchner cerró filas y nombró a referentes camporistas como miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y controla a los jueces. Se trata del diputado nacional Eduardo “Wado” De Pedro, quien reemplazará a Stella Maris Córdoba, y el actual secretario de Justicia, Julián Alvarez, quien ejercerá el rol de representante del Poder Ejecutivo en la Magistratura, en lugar de Hernán Ordiales
. La decisión de la Presidenta confirma que prevalecerá la postura más confrontativa del Gobierno con los jueces y la oposición en el Consejo.
La elección es crucial y augura una nueva saga entre el Gobierno y el Poder Judicial esta vez por la caja.
La mandataria estaría dispuesta a sacarle el manejo del presupuesto a la Corte Suprema a través del Consejo de la Magistratura. Ya lo había intentado en abril pero el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, frenó la embestida. Esto derivó en una denuncia de Elisa Carrió acerca de un “pacto espurio entre Lorenzetti y Cristina”.
En aquella oportunidad, los siete ministros de la Corte, incluido Eugenio Zaffaroni, el más allegado al Gobierno, amenazaron con una renuncia colectiva.
Podría existir en los próximos días un cónclave entre el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el presidente de la Corte, con la finalidad de lograr “neutralizar” el avance de La Cámpora en el manejo de los fondos, explican fuentes judiciales.
Sin embargo, la Presidenta ya tomó la decisión de instruir a los camporistas como sus hombres en el Consejo.
Pese a lo establecido en el artículo 114 de la Constitución Nacional, que delega la “administración de los recursos y la ejecución del presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia” al Consejo de la Magistratura, es el Máximo Tribunal el que ha ejercido la administración del presupuesto judicial de “hecho” y ha sustentado el funcionamiento de dicho órgano a través de la delegación de fondos que permitieron el pago de sueldos y su funcionamiento.
El martes pasado, en el primer acuerdo del año, los ministros de la Corte Suprema decidieron no suprimir los fondos destinados al funcionamiento del Consejo de la Magistratura a pesar de la deuda que el organismo tiene con la Corte y que asciende a 1.076 millones de pesos.
Esta cifra se compone de dos rubros. El primero, es el dinero que el Máximo Tribunal facilitó al Consejo de la Magistratura para cubrir salarios y cargas sociales, lo que asciende a 811 millones de pesos.
En tanto, otros 265 millones de pesos componen el segundo rubro de la deuda por los gastos que debió asumir la Corte por las oficinas que le transfirió el Consejo para que el Máximo Tribunal pudiera contar con su archivo y una oficina de mandamientos y subastas. La deuda surge porque cuando se transfirieron los edificios, no fue así con los recursos.
Los ministros estarían dispuestos a acudir al Consejo de la Magistratura para buscar soluciones junto a los consejeros en el pago de la deuda, porque ninguno de ellos quiere una “crisis” que afecte a todos los empleados judiciales, ya que el Consejo de la Magistratura sólo cuenta con fondos para hacer frente al pago de los haberes de todos los empleados judiciales solo hasta el mes de mayo
