Conocer las declaraciones juradas de los jueces y fiscales no es tarea sencilla. Así lo asegura el equipo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una ONG que desde octubre busca conocer el patrimonio de los magistrados. La sorpresa: el órgano judicial que más trabas puso a ese pedido fue la Corte Suprema de Justicia, considerada un tribunal renovado y transparente.
El procedimiento para conocer el patrimonio de un magistrado es sumamente engorroso y lento, explicó a PERFIL Victoria Gama, encargada del proyecto de ACIJ. No hay forma de realizar un pedido conjunto. La ONG debió llenar un formulario por cada magistrado sobre el cual solicitaba la declaración jurada. En total, pidieron conocer el patrimonio de 115 jueces de todos los fueros –trámites que se hicieron ante el Consejo de la Magistratura– y de 27 fiscales –que se presenta ante la Procuración General de la Nación.
Luego, la entrega de cada una de las declaraciones juradas implica consultar al juez o fiscal en cuestión y esperar su opinión por escrito.
Más tarde, se abre un sobre con cada informe patrimonial personalmente, frente a los interesados, en un trámite que demora horas.
El proyecto de ACIJ llegó a generar plenarios de jueces que debatieron sobre la entrega de sus declaraciones juradas. En la Corte Suprema, los miembros de la ONG fueron citados para explicar personalmente con qué fin querían conocer las declaraciones juradas de los siete miembros del máximo tribunal y qué tipo de difusión van a darle a esos datos.
La Corte, presidida por Ricardo Lorenzetti, uno de los jueces en la mira del Gobierno, teme que la divulgación del patrimonio de sus miembros sea utilizada en contra de los magistrados. Por ello, y a pesar de que ACIJ no tiene vínculos con el kirchnerismo e incluso ha denunciado a funcionarios del Gobierno, continúan retaceando la información de acceso público.
Hasta el momento, de los 115 jueces interpelados, la Magistratura ya entregó 96 declaraciones juradas. Durante las entregas, que se hicieron en tandas, Victoria Gama se dio cuenta de que muchos de los sobres que contienen las declaraciones juradas de los jueces nunca habían sido abiertos por el órgano que controla a los magistrados, que no existe un manual que indique cómo completar las declaraciones de manera uniforme y que el trámite está diseñado para desalentar la consulta.
