La resolución de fondo sobre la Ley de Medios comenzó ayer su cuenta regresiva. La Corte Suprema recibió a los representantes de las dos partes enfrentadas: el Gobierno y el Grupo Clarín. El objetivo fue explicarles el mecanismo de la audiencia pública que comenzará el próximo miércoles, cuando ambas partes deberán presentar los fundamentos de sus posturas.
El Gobierno pretende que se aplique la ley para que el Grupo Clarín se desprenda de las licencias que exceden lo fijado por la norma. El multimedios considera inconstitucional la exigencia.Luego la Corte Suprema tendrá la última palabra, que según fuentes judiciales favorecerá a la empresa. Pero el capítulo final de esta larga historia llegaría después de las elecciones de octubre.
El 28 de agosto, en principio, los ministros de la Corte quieren que ambas partes expresen sus argumentos públicamente.
Audiencia. Los ministros de la Corte resolvieron abrir el debate con la participación de amicus curiae, como se define a las organizaciones no gubernamentales que pueden aportar argumentos para “optimizar el debate constitucional ante cuestiones de orden público”.
Las organizaciones tendrán 15 minutos para expresarse. A partir del próximo martes, cuando se complete el listado, el Gobierno y Clarín podrán elegir a cinco de ellas para que los representen.
En tanto, los abogados de las partes tendrán treinta minutos para defender los fundamentos que esgrimieron en el extenso expediente acumulado durante los cuatro años de idas y vueltas que sufrió la Ley de Medios.
‘Amicus curiae’. Entre los postulantes por ahora estarían propuestos la Asociación Argentina de Juristas, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), presidido por Horacio Verbitsky, la IAR (Asociación Internacional de Radiodifusión), la Cemci (comisión de medios independientes de la Argentina), la Sociedad Argentina de Radiodifusión, el ex ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Asdrúbal Aguiar, y el constitucionalista Eduardo Barcesat, asesor de las Abuelas de Plaza de Mayo.
También se presentará Cynthia Ottaviano, la defensora del público, un cargo inaugurado por la Ley de Medios. Ella no podrá ser elegida por ninguna de las partes, y representará a los consumidores.
Ayer, la Corte Suprema rechazó como amicus curiae a la diputada de Unión por Todos Patricia Bullrich. El argumento fue que el reglamento lo impide porque se trata de una representante partidaria.
Hasta el lunes a las 19 pueden presentarse las organizaciones que quieran participar. Aunque en Tribunales deslizaron que las partes ya las eligieron y la convocatoria pública es sólo una formalidad. El miércoles comenzará la audiencia. Pero en el Gobierno creen que la suerte está echada y la Corte volverá a darle una mala noticia.