La evasión de impuestos emerge como la clave que puede complicar al empresario Lázaro Báez en la causa por presunto lavado de dinero. La empresa más comprometida es la firma Gotti SA, de la que Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, fue abogado.
El juez federal Sebastián Casanello pidió acceso a las causas de Formosa, Chaco y Santa Cruz, en donde se investiga la comisión de supuesta evasión fiscal de las empresas de Báez. El magistrado busca un delito preexistente que le permita probar que se lavó dinero. En la ley vieja de lavado, que rige para esta causa, se obliga a la Justicia a determinar que el dinero supuestamente lavado proviene de la comisión de otro delito, ya sea narcotráfico, tráfico de armas, de personas, piratería del asfalto, o el más común de probar: evasión fiscal.
Para ello, el juez necesita comprobar que los 50 millones de euros que el empresario K sacó del país a través de Helvetic Group provienen de la comisión de un delito previo. Todo apunta a que el Principio de Ockham se aplica a Báez: la explicación más sencilla suele ser la correcta. Y la más sencilla siempre es la evasión de impuestos.
Hasta el momento, en la causa en poder de Casanello, los más complicados son Leonardo Fariña y Federico Elaskar, señalados como presuntos “valijeros” del empresario K, y el ex dueño de SGI, la financiera a través de la cual se llevaron los 50 millones de euros a Suiza y regresaron a cuentas bancarias de Báez “blanqueados” como bonos de títulos públicos. No pueden justificar sus movimientos de dinero y bienes.
El Gobierno hizo lo posible para que Báez no fuera investigado en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero un ex equipo de la Dirección General Impositiva (DGI) tiene la llave para que la Justicia pueda avanzar contra Báez. Hay tres hombres que conocen a fondo una investigación que probó el supuesto delito de evasión entre 2007 y 2008: el ex director del organismo fiscal Horacio Castagnola; el número dos, Jaime Mecikovsky, y Norman Ariel Williams, quien tenía a su cargo la región de la DGI que abarcaba Santa Cruz, parte de Chubut y Tierra del Fuego. Luego está el equipo de sabuesos que integraron la regional patagónica al mando de Williams, quienes también estaban al tanto de la investigación. Todo estaba documentado y se había descubierto por casualidad. Luego de denunciarlo, el equipo fue desmantelado. Algunos de sus miembros todavía integran la DGI.
IVA free. Si bien Formosa y Chaco pueden traerle malas noticias a Báez, la pista más fuerte está en el Sur. Ese equipo de la DGI comprobó más de $ 500 millones con facturas apócrifas y a través de empresas fantasma por parte de la constructora Gotti SA, de Báez. Años antes, Echegaray, hoy titular de la AFIP, fue abogado de esa empresa en una demanda contra el Estado de Santa Cruz.
En 2007, la AFIP –Echegaray ya estaba en la Oncca– informó a la Justicia que la empresa habría evadido $ 120 millones por esas operaciones solamente de Impuesto al Valor Agregado (IVA). La DGI también aseguró que Austral Construcciones, Badial SA y Gancedo SA –vinculadas a Báez– habían sido víctimas de las pesquisas. Por más que Báez haya pagado o no los impuestos evadidos luego de ser denunciado por la AFIP, para la Justicia penal el delito se cometió y por ende tiene el delito preexistente del lavado servido en bandeja, confirmaron fuentes de la causa a PERFIL. Este delito previo al supuesto lavado es también central para obtener información clave de las cuentas bancarias de Báez, sus empresas y su hijo en Suiza (ver página 3).
La investigación sobre facturación apócrifa en Santa Cruz y Chubut duró un año y medio en la DGI, hasta que en mayo de 2008, Presidencia habría ordenado que se frenara la investigación.
A fines de julio de 2008, el Gobierno dio su último golpe al organismo que había investigado a las empresas de Lázaro: relevó a Castagnola y a Mecikovsky. Poco después ordenó que Santa Cruz ya no estuviera bajo la jurisdicción de otra provincia y creó en 2009 la Dirección Regional Río Gallegos. Un año después, Echegaray nombró a Virginia María García, hermana de Rocío, la novia de Máximo Kirchner.
La pista de los alquileres
Por ahora, el juez federal Sebastián Casanello no integrará a su causa la denuncia por los alquileres millonarios y supuestamente injustificados que Báez pagó en los hoteles de los Kirchner, informaron a PERFIL fuentes judiciales.
Sin embargo, estimaron que la información revelada por La Nación en las últimas semanas podría reabrir la línea de investigación del presunto enriquecimiento ilícito de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cerrada por última vez por el juez Norberto Oyarbide en 2009.
El juez Javier López Biscayart ordenó allanar oficinas de las empresas de Báez en Capital Federal, en busca de pruebas sobre el presunto lavado, evasión fiscal de las empresas de Báez, ya que los alquileres no estarían justificados. Serían constantes durante todo el año, a pesar de la baja o alta temporada.
El juez en lo penal tributario secuestró documentación.
El magistrado ordenó los operativos tras una denuncia por evasión fiscal y lavado de dinero presentada por los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez.
