La jueza que trabó la Ley de Medios denunció presiones ante la Corte

La jueza de Mendoza, Olga Pura de Arrabal, que en marzo pasado dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de la Ley de Medios, advirtió este lunes, a través de una carta al titular de la Corte Suprema de Justicia, que el dirigente oficialista Luis D´Elía la denunció por daños y perjuicios y le reclama una indemnización de dos millones de pesos por las decisiones que la magistrada tomó en su provincia con la norma.

La denuncia de la Federación Tierra y Vivienda, que lidera D´Elía, es para Arrabal pero se extiende a los camaristas que fallaron en contra de la ley; Otilio Roque Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Demetrio Petra. Y también a Enrique Thomas, el diputado que disparó la causa. En una misiva diriga a Ricardo Lorenzetti, la mendocina solicita que se "tome la intervención pertinente, en defensa de los hechos que me son propios como magistrada de la Nación".

En un pasaje anterior, explica: "La gravedad institucional no se configura tan sólo con la demanda (a todas luces jurídicamente improcedente) sino que ha adquirido connotaciones preocupantes, a poco que se advierta que el Cuerpo de Mediadores del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, le ha dado curso, citando a los magistrados a la audiencia fijada para el día 5 de mayo, en una jurisdicción manifiestamente incompetente en lo territorial, dado que el hecho que se endilga se produce en Mendoza, donde también residen los demandados", escribió Pura de Arrabal.

El 25 de marzo de este año, Pura de Arrabal y los camaristas dieron lugar al reclamo de Thomas trabando el curso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual bajo el argumento de que "el recurso de apelación en tratamiento debe ser desestimado y que le asistió razón a la señora juez de grado cuando, como fundamento central de la medida de cautela dictada, concluyó que al señor diputado nacional accionante en estos autos efectivamente se le habían violado sus fueros parlamentarios y fue privado de ejercer el derecho-deber de intervención como legislador en el trámite de sanción de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisuales, lo que conlleva la violación de derechos constitucionales que la asisten como representante del pueblo”.

En palabras de D´Elía, en tanto, se escuchó: "El accionar del diputado Thomas y de los jueces está causando un perjuicio enorme a un amplio sector social al que esta ley le concedió la representación que merecen". Según Clarín, la FTV del piquetero posee dos señales de televisión que no pueden transmitir como consecuencia de la suspensión de la aplicación de la referida ley.