Desde hacía varios días, fuentes judiciales aseguraban que el juez Ariel Lijo había decidido archivar la investigación sobre el asesinato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci sin siquiera citar a los ex montoneros que fueron mencionados por el puñado de testigos que desfiló por su juzgado desde la reapertura de la causa, hace tres años.
Por ese motivo, la hija de la víctima, la diputada del peronismo disidente Claudia Rucci, presentó el jueves un pedido para que Lijo cite como testigos a trece personas, entre ellos, a los ex jefes de la guerrilla montonera Mario Firmenich, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja. Claudia Rucci también quiere que el juez escuche al diputado Miguel Bonasso; al director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, y a la esposa de Firmenich, María Elpidia Martínez Agüero.
En su pedido, Claudia Rucci incorporó una lista de preguntas para cada una de las 13 personas que, según su criterio, deberían ser citadas por Lijo si es que realmente el juez quiere saber más sobre quiénes, cómo y por qué mataron al sindicalista, hace hoy 38 años exactos. La solicitud de la hija de Rucci no le cayó nada bien al juez, que el viernes dudaba entre llamar a estos testigos o archivar la causa sin más trámites, incluso antes de las elecciones presidenciales.
Hasta hace un año, la situación era distinta: la investigación avanzaba según los pedidos de los abogados de los Rucci. Pero este tipo de causas suelen moverse según el contexto político ya que los jueces federales dependen en su carrera de los gobiernos de turno. También Lijo habría llegado a la conclusión de que los autores del asesinato fueron los Montoneros, que es la hipótesis central del libro Operación Traviata, ¿quién mató a Rucci, cuya publicación en 2008 permitió la reapertura de la causa.
En aquel momento, el kirchnerismo estaba en baja, luego de la derrota frente al campo, y hasta el sucesor de Rucci, Hugo Moyano, se hacía oír.
Al parecer, Lijo considera ahora que no vale la pena que la causa siga abierta porque la composición actual de la Corte Suprema de Justicia ya indicó que los crímenes de los grupos guerrilleros prescribieron por el paso del tiempo y no pueden ser investigados. No son crímenes de lesa humanidad, como los perpetrados por el Estado o por grupos paraestatales.
Sin embargo, el 13 de marzo de 2009 Lijo había abierto un cauce original en su investigación al citar como testigo a Manuel Urriza, quien era ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires cuando Rucci fue asesinado.
Urriza, un prestigioso político y académico peronista que ahora es miembro clave del Consejo de la Magistratura, declaró el 1° de abril de 2009 y se explayó sobre los espacios de poder que la Juventud Peronista, hegemonizada por Montoneros, ocupaba en aquella gestión.
La intención del juez era establecer si había habido colaboración por parte de funcionarios bonaerenses con los autores del atentado. Incluso, Lijo pidió al gobernador Daniel Scioli una lista con los nombres de los principales funcionarios en 1973.
