El fin de la feria judicial traerá un anuncio clave de la Cámara Federal porteña, que el jueves 18 eximió de prisión al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. La misma sala que decidió beneficiar al ex funcionario deberá ahora decidir si el juez Norberto Oyarbide sigue al mando del caso Schoklender.
La Sala I, integrada por Eduardo “Chiche” Freiler, Jorge “Pati” Ballesteros y Eduardo Farah, deberá decidir no sólo el destino de una causa clave en el entramado de denuncias por corrupción de la era K, sino también el destino de la presidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y del supuesto “financista”, Fernando Caparrós Gómez.
Si la Cámara decide apartar a Oyarbide, el expediente podría pasar a manos de otro juez por sorteo o quedar radicado en el juzgado de Marcelo Martínez Di Giorgi, quien tiene a su cargo otra causa por la responsabilidad de funcionarios públicos en la adjudicación de fondos para viviendas a la fundación.
También deben decidir si aceptan que Bonafini no haya sido investigada en la causa y si confirman la falta de mérito del presunto financista de Schoklender. Uno de los pedidos de nulidad y de apartamiento del juez de la causa es por supuesta “pérdida de imparcialidad”, por haber presuntamente favorecido a Bonafini. El pedido lo presentó el abogado de Pablo Schoklender, Pablo Slonimsqui. Bonafini se encuentra en un delicado estado de salud.
Oyarbide resolvió el procesamiento de 44 personas en la causa: 39 son por desvío de fondos públicos en defraudación a la administración pública y 5 por lavado de activos. Pero un actor central quedó afuera de esos procesamientos. El juez dictó la falta de mérito de Caparrós Gómez, considerado el supuesto “cerebro financiero” detrás de las maniobras investigadas.
El fiscal de la causa, Jorge Di Lello, apeló la decisión de Oyarbide ante la Cámara en un escrito en el que le recordó al juez que, “como claramente afirmaba su Señoría (durante la investigación), se presume fundadamente que Monetización SA –la financiera de Caparrós Gómez– ha sido el vehículo financiero utilizado como parte del plan criminal de los autores” para “introducir fondos en el mercado financiero dando apariencia de licitud” cuando en realidad los fondos provendrían de defraudación al Estado. Para Di Lello, Caparrós Gómez “participó en las decisiones tendientes a formalizar transacciones con la empresa Meldorek –la constructora de Schoklender a la que se le asignaban las obras– desde Monetización SA”.
Di Lello no es el único que opina que Caparrós Gómez sería cómplice central de Schoklender. Lo curioso es que Oyarbide decidió procesar al supuesto testaferro de Caparrós, Daniel Laurenti, y no al dueño de la financiera. En la ex Unidad Anti-Lavado aseguraron a PERFIL que la línea de investigación en la causa apuntaba a Caparrós Gómez como uno de los “principales responsables” de la presunta maniobra de lavado. El juez sorprendió a los fiscales con la falta de mérito.
Oyarbide estimó que no se encontraron cheques de la Fundación firmados o endosados por Caparrós Gómez, y que no se habría podido determinar que haya sido titular de las empresas investigadas. Lo último fue contradicho por el fiscal Di lello. PERFIL intentó comunicarse con la defensa de Caparrós Gómez, pero no fue atendido.
