Los fantasmas de diciembre pasado sobrevolaron Córdoba y obligaron a funcionarios provinciales y nacionales a actuar en conjunto para desalentar incidentes. La protesta de un pequeño grupo de mujeres frente a la sede policial trajo a la memoria el origen del conflicto con los uniformados del mes pasado, que derivó en el acuartelamiento y el brutal estallido de violencia que culminó con un saldo de más de mil comercios saqueados.
Fue sorpresiva la celeridad con que se movió Gendarmería. La detención de 17 efectivos (16 policías y una ex agente) dispuesta por el fiscal Raúl Garzón, sumada a una minúscula manifestación de mujeres, generó la tensión suficiente como para que el gobernador José Manuel de la Sota considerara necesario solicitar ayuda de la fuerza nacional y que Jorge Capitanich dispusiera la movilización de los hombres de verde con el objetivo de garantizar la paz social. Esta vez no hubo malentendidos, ni pedidos vía Twitter ni teléfonos apagados. La comunicación fue perfecta, y los casi 1.200 gendarmes desembarcaron en Córdoba en tiempo y forma. Horas después hizo lo propio el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien de inmediato se reunió con el mandamás cordobés. Los uniformados detenidos fueron alojados en la cárcel de Bouwer y están imputados por “desobediencia a la autoridad” e “instigación a cometer delito”; esta última figura tiene una pena que va de dos a seis años de prisión.
El clima en Córdoba se convulsionó aun más con la denuncia de Alejandra Monteoliva, quien aseguró que fue amenazada de muerte. Monteoliva ocupaba el cargo de ministra de Seguridad la noche de los saqueos y debió abandonar su puesto tras los incidentes. Las advertencias habrían sido efectuadas por dos hombres que circulaban en motocicleta por el barrio Güemes, próximo al domicilio de la mujer. Tres semanas atrás Monteoliva dio una entrevista a PERFIL en la que brindó detalles de cómo se gestó el acuartelamiento, y no descartó que policías estuvieran involucrados con el pillaje.
La situación ayer fue más tranquila, y aunque no se descartan nuevas detenciones que podrían incrementar el nivel de malestar policial, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que la situación de tensión “está debidamente resuelta”.
