Una encuesta revela que 6,7 de cada diez personas que viven en la Capital, el Gran Buenos Aires y algunas localidades del interior bonaerense rechazan la medida gubernamental por la que se revoca la licencia para ofrecer acceso a Internet de Fibertel, la marca con la que Cablevisión, principal fuente de ingresos del Grupo Clarín, abastece de servicio a más de un millón de hogares que, de no mediar un freno judicial, deberán buscar otro proveedor en los próximos noventa días.
El nivel de rechazo es alto y se cuenta entre las medidas más impopulares del Gobierno. Puede compararse con las desaprobaciones a cómo gestionó la crisis del campo y la de las reservas del Banco Central. Ni la estatización de los fondos jubilatorios generó tanto rechazo como poner en riesgo la costumbre de informarse, entretenerse y educarse que posibilita el acceso a Internet para un millón de familias. Es por ello que, de concretarse, es casi seguro que el rechazo crezca, advirtieron especialistas.
Realizada por la consultora Management&Fit a pedido de PERFIL, entre el viernes y ayer, la encuesta también muestra que los esfuerzos del ministro de Planificación, Julio De Vido, y de su interventor en la Comisión Nacional de Comunicaciones, Ceferino Namuncurá, por tratar de menguar los daños colaterales de la medida que se enmarca en la guerra entre el Gobierno y Clarín no fueron efectivos: sólo 18% aprueba la medida y 60,3% cree que esta escaramuza, lejos de arreglarse fácilmente, afecta a los usuarios.
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