Tras los acosos a los testigos en causas que involucran la violación de Derechos Humanos y la orden del presidente, Néstor Kirchner, de continuar con los juicios, el fiscal Federico Delgado reclamó que se eleve a juicio oral y público la causa en la que una docena de ex jefes militares y policiales están imputados por delitos de lesa humanidad en la provincia de La Pampa, durante la última dictadura militar.
En un dictamen de medio centenar de carillas, al que la agencia oficial Télam tuvo acceso, el fiscal quiere sentar en el banquillo de los acusados al octogenario coronel Fabio Carlos Iriart, su camarada de armas Néstor Greppi, por entonces secretario de la gobernación de La Pampa y al teniente coronel Oscar Cobuta, entre otros.
Delgado también imputó a los comisarios retirados de la policía pampeana Roberto Constantino, Omar Aguiler, Roberto Escalada, Carlos Reinhart, Roberto Fiorucci, Hugo Marenchino, Oscar Yorio, al subcomisario Athos Reta y al oficial Néstor Bonifacio Cenizo, responsables de la subzona 1.4.
A todos ellos, los acusa por al menos cuatro decenas de privaciones ilegales de la libertad y tormentos en los centros clandestinos de detención que funcionaban en la seccional Primera y Brigada de Investigaciones de Santa Rosa, comisaría de General Pico y puesto caminero de la localidad de Jacinto Arauz.
"No se trata de una causa más porque aquí se ventilan eventos que se corresponden con uno de los capítulos más oscuros de la historia de la República Argentina porque se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder el 24 de marzo de 1976, con el deliberado objetivo de despolitizar a la ciudadanía", dijo Delgado.
Además, recordó que "la estructura del grupo operativo que conformaba la subzona 1.4 fue cristalizada en la orden del día número 129 de la Policía de la provincia de La Pampa, de fecha del 19 de abril de 1976, que plasmó por escrito la designación de los miembros del cuerpo policial que operó conjuntamente con el Ejército".
Esa norma tuvo como fundamento la "necesidad de reorganizar y actualizar el grupo de trabajo afectado a tareas y misiones que el Comando tiene previsto para la lucha contra la subversión" pues "los acontecimientos ocurridos en el ámbito de la provincia obligan a actualizar el número de efectivos como así prefijar para cada uno la misión que deben realizar dentro de cada grupo".
Las víctimas. Entre las secuestrados y torturados, el fiscal citó los casos de Clemente Bedis, Justo Ivalor, Rodolfo de Diego, Roberto Oscar Gil, Hermes Carlos Accatoli, Nery Greta Sanders de Trucchi, Avelino Cisneros, Héctor Solecio, Julián Flores, Gustavo Konning, Gernardo Nansen, Angel Alvarez, Carlos Samplon, Samuel Berton, Luis Carlino, Raquel Barabaschi, Dolly Girard de Villarreal y Ana María Martínez.
Eberto Cuevas, Víctor Pozo Grados, Guillermo Cuartucci, Nicolás Navarro, Hugo Ferrari, Santiago Covella, Carlos Aragonés y Zelmira Regazzoli, también integran esa nómina.
Delgado sostuvo que "las violaciones a los derechos humanos que azotaron al país entre 1976 y 1983 son parte de un proceso multidimensional... que reclaman un abordaje dogmático algo más complejo que las pautas utilizadas para juzgar crímenes cotidianos".
Y destacó: "En otras palabras no se trata de juzgar a personas que aisladamente cometieron delitos mientras ejercían cargos públicos. No, es precisamente a la inversa porque se trató de una cuestión más amplia en la que los imputados fueron engranajes de una maquinaria aceitada y compleja que desdobló las actividades del poder público en un segmento legal y otro ilegal", sostuvo el fiscal.
"La estructura en la denominada lucha antisubversiva construyó una maquinaria perfectamente delimitada, jerárquica y organizada" donde "los grupos de tareas de todas las fuerzas armadas y de seguridad operaban desde los distintos centros clandestinos desde los cuales se implementó el secuestro, la tortura, la desaparición, a menudo el robo y finalmente la muerte", subrayó el fiscal.
Fuente: Télam
