Con el correr de los primeros años de gobiernos kirchneristas se fueron conociendo poco a poco algunos casos de exempleados del Estado despedidos por negarse a formar parte de agrupaciones militantes. Varios de ellos decidieron conformar una ONG con el fin de promover el trabajo en libertad y denunciar casos de "acoso, violencia, discriminación o persecución" en el ámbito laboral estatal.
Esta semana, Graciela Bevacqua (desplazada del Indec), Silvina Martínez (IGJ), María Laura Haag (Secretaría de Energía), Fernando Scanavino (IGJ), Sandra Votta (Cancillería), María Alicia Córdoba (Cancillería) y Griselda López Viegas (Cancillería) inscribirán formalmente la asociación bajo el nombre “Juntos por el Trabajo en Libertad”.
Según consignó La Nación, el denominador común descripto por todos los afectados fue "el miedo". En los primeros diálogos que cruzaron por email y luego en posteriores reuniones en persona coincidieron en este aspecto y en que la metodología fue la misma y fue sistemática: despidos sin aviso ni indemnización, quite progresivo o brusco de tareas y/o herramientas de trabajo y hasta la propia oficina. Denuncian además que el acoso continuó cuando ya habían quedado fuera del marco del Estado.
Uno de los casos más recientes fue el de Viegas. Encabezaba desde 2001 la Unidad de Moda en la Cancillería. Su "calvario", cuenta, empezó con el desembarco de la camporista Cecilia Nahón, en 2011. Inclusive se le solicitó que acepte a una exnovia de Máximo Kirchner (Tamara Mori) como parte de una delegación diplomática a Milán. Se negó y los problemas continuaron: se negó a ir a las "charlas de adoctrinamiento" y se quejaba de que los productos argentinos no llegaban con un buen precio. “Teníamos un Ferrari sin nafta", describió. Fue echada el 28 de diciembre.
Otro ejemplo es el de Laura Haag. Tal como consignó Diario PERFIL en noviembre, es una abogada que trabajó por 13 años en la Secretaría de Energía. Su caso ganó resonancia porque denunció que la causa de su despido fueron las diferencias con la política energética del Gobierno de su marido, el exfuncionario Cristian Folgar.
Una de las más activas entre las despedidas es Sandra Votta, que trabajaba hasta diciembre en la Dirección Económica de Cancillería, un espacio colonizado por el ministro de Economía, Axel Kicillof. Durante el verano de 2013 se enteró de que perdía su trabajo, junto a sus dos compañeras del área, Córdoba y Viegas. Ellas habían denunciado maltratos a empleados ante los delegados de UPCN.
Quien lanzó las acusaciones más fuertes tal vez sea Scanavino quien: "Te convierten en un desaparecido civil". Fue despedido de la Inspección General de Justicia por enfrentar a La Cámpora. "Critican a la dictadura, pero la superan con creces", denunció a La Nación. "¿Por qué no te sumás a La Cámpora?", le preguntaba alguien de la agrupación ultra K en varias ocasiones. Él dijo que no. "Facho", lo descalificaron. Fue despedido en 2012 tras oponerse al cepo informativo que Norberto Berner, director de la IGJ y camporista, quiso imponer para proteger al vicebiprocesado Amado Boudou.
