Las razones que utilizó Oyarbide para procesar a Isabel Perón

El juez federal Norberto Oyarbide, quien ayer procesó y ordenó la captura internacional de María Estela Martínez de Perón, consideró en su resolución que la Triple A "se habría gestado” dentro del Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Bienestar Social liderado por José López Rega y que en las reuniones de gabinete comandadas por la ex presidenta se hablaba de los asesinatos de la organización de ultraderecha.

Oyarbide anticipó que solicitará la extradición de la ex presidenta a España para indagarla por el accionar del grupo criminal que lideró López Rega, como fruto de una "política criminal y terrorista, institucionalmente implementada".

La resolución contra la viuda de Perón destaca que los crímenes de la Triple A deben considerarse de lesa humanidad y que, como tales, no prescriben, según informó el diario Página 12.

Para el juez federal, la organización de ultraderecha “se habría gestado” dentro del Poder Ejecutivo, en el seno del Ministerio de Bienestar Social de López Rega, donde “se encontró cantidad de armamento que excede ampliamente lo que razonablemente puede considerarse adecuado para la seguridad de sus dependencias y funcionarios”.

También señala que hay constancias de que a través de la cartera de López Rega se compraron armas en el exterior.

La resolución también hace referencia a reuniones de gabinete presididas por Isabel Perón y en las que se hablaba de los asesinatos de la banda parapolicial de López Rega, por lo que la ex presidenta habría estado en perfecto conocimiento de los crímenes cometidos durante su gobierno.

En particular, el documento señala que el 8 de agosto de 1974 “ en la residencia oficial de Olivos se proyectaron las imágenes de quienes serían asesinados” y allí se determinó “la eliminación de Julio Troxler”.

Otro de los puntos desarrollados por Oyarbide habla de una maniobra de protección de María Estela Martínez hacia López Rega, cuando existían investigaciones que vinculaban” al funcionario con las Tres A y “lejos de someterlo a la jurisdicción del tribunal lo designó enviado especial en Europa con el rango de embajador” en julio de 1975.

También le atribuye haber “ facilitado” la salida del país de “otras personas vinculadas con la investigación” que integraban su custodia y la organización de ultraderecha. Se refiere, entre otros, a los ex policías Rodolfo Eduardo Almirón, a Miguel Angel Rovira y Juan Ramón Morales.