Las viviendas populares de las Madres, un esquema que invita al robo

Las presuntas irregularidades investigadas por la Justicia en la construcción de viviendas populares tienen una explicación básica: el dinero público está dirigido hacia una empresa relacionada con Sergio Schoklender porque no existe ninguna obligación de convocar a una licitación pública para definir quien levantará esas casas.

Precisamente, las licitaciones públicas son un mecanismo para evitar ese favoritismo, impedir desvíos de dinero y asegurar una cierta calidad en las obras. En primer lugar, las empresas que participan de una licitación tienen que estar inscriptas en el registro del municipio o la gobernación donde se realizarán las obras y probar que tienen capacidad de obra en ese lugar.

Luego, las empresas deben comprar un pliego, presentar un proyecto respetando todas las condiciones del pliego, incluido el costo y el cronograma de la obra, y competir con todas las empresas que se presenten a la licitación. Las autoridades eligen al mejor proyecto con el costo más bajo.

No es, claro, un mecanismo perfecto y hay que vigilar que las empresas no arreglen licitaciones entre ellas, pero es mucho mejor que elegir a dedo a una empresa determinada, que no tiene que probar que está en condiciones de edificar las mejores casas posibles y que no debe competir con nadie.

Estamos hablando de mucho dinero público: 765 millones de pesos, de un total de más de 1.200 millones de pesos ya comprometidos, una cifra que supera la facturación de una empresa constructora de primera línea.

Además, como ha dicho el propio abogado de Madres, Eduardo Barcesat, esa asociación, presidida por Hebe de Bonafini, está integrada por personas mayores, que no han tenido la idoneidad suficiente para controlar el manejo del dinero hecho por el apoderado que nombraron, Schoklender.

Todo esto: ausencia de licitación pública y una montaña de dinero público sin control por parte del Estado y confiada a personas que no están en condiciones de controlar su utilización, configuran un esquema que invita a irregularidades de todo tipo. ¿No será hora de que, más allá de la investigación judicial, el Estado, en sus diversos niveles, reasuma su obligación de construir viviendas populares y “jubile” a las Madres de una tarea que no están en condiciones de cumplir?

(*) Periodista, autor de “Operación Primicia”.