Está claro que, a esta altura, a Lázaro Báez los días calmos en Santa Cruz se le terminaron cuando su nombre apareció ligado a una denuncia por supuesto lavado en el programa de televisión Periodismo para Todos.
Desde ayer su situación procesal comienza a complicarse aún más: deberá dejar la calma del Sur para trasladarse a los convulsionados tribunales de Buenos Aires para prestar declaración indagatoria delante de un juez.
La jueza de instrucción Gabriela Lanz decidió llamar a indagatoria al empresario K en la causa en la que se investiga una supuesta extorsión contra el financista Federico Elaskar, en el marco de una causa en la que se investiga si fue obligado a vender bajo amenazas la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.
La jueza Lanz consideró a Báez coautor del delito de extorsión contra Federico Elaskar, en base a la denuncia del fiscal José Compagnoli.
La jueza no determinó la fecha de la indagatoria pero ya confirmó que también deberá ser indagado Daniel Pérez Gadín, contador de Báez y quien habría advertido a Elaskar que debía vender su financiera por decisión de Báez, según lo relató el financista.
La causa es un expediente paralelo al que lleva adelante el juez Sebastián Casanello, por asociación ilícita y lavado de dinero, en el cual Lázaro Báez está imputado.
El fiscal Campagnoli había probado que Federico Elaskar habría sido obligado a vender las acciones de SGI en el primer trimestre de 2011. Se basó en las actas de directorio de la empresa y otras pruebas, pero también incluyó la entrevista en la que el financista denuncia las presiones y amenazas para vender su empresa.
Esta causa es previa a la investigación llevada adelante por el equipo de periodistas de Periodismo para Todos. En ese programa, y durante una entrevista, Elaskar ratificó la denuncia.
