El fiscal nacional José María Campagnoli atraviesa uno de los momentos de mayor exposición de su vida, aunque no precisamente se deba a la gratitud laboral. Luego de que el jueves pasado, Perfil.com informara del dictamen de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en el cual la jefa de todos los fiscales pidiera la suspensión de Campagnoli, miles de personas se volcaron a manifestarse a favor de quien más investigó el vínculo entre el empresario Lázaro Baez y el matrimonio de Cristina y Néstor Kirchner.
Desde las redes sociales se juntaron firmas en apoyo a Campagnoli, se organizó una protesta frente a la sede de la Procuración y se invitó al fiscal a numerosos programas de televisión para darle la posibilidad de hablar, algo que según sus propios dichos, le fue negado como mecanismo de defensa en la vía institucional.
Finalmente, en un fallo dividido (4 a 3) el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales suspendió a Campagnoli por presunto mal desempeño en su actuación en una causa contra el empresario Lázaro Báez y dejó al fiscal librado a la suerte de lo que se decida en un juicio político.
La primera repercusión del caso estuvo en boca del mismo Campagnoli, quien en el programa del canal TN "El Juego Limpio", afirmó que el fallo le parece "muy poco serio e indignante", para luego sostener que dará pelea "llegando incluso hasta la Corte".
El día después estuvo signado por el impacto de la noticia, tanto en el arco político, como en organismos vinculados a la justicia. Agrupaciones de jueces y abogados criticaron la suspensión del fiscal y pidieron defender la independencia del Poder Judicial. El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, sostuvo que la suspensión "se trata de una decisión más política que jurídica, porque según surgía del expediente las pruebas no eran contundentes".
En idéntico sentido se manifestó Luis Cabral, desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, al referir que "se pretende disciplinar la actividad de los fiscales" en las causas de corrupción. Tanto Cabral como Rizzo señalaron que se debe garantizar la independencia de jueces y fiscales.
Desde "Justicia Legítima", una organización que nuclea a los funcionarios judiciales afines al gobierno y que se encuentra fuertemente vinculada a Gils Carbó, emitieron un comunicado en el que no se pronunciaron respecto de la suspensión de Campagnoli, sino que cuestionaron "las actitudes corporativas de distintos colegas que por vías de hecho y desinformación a la opinión pública, pretenden influir en la marcha de los procedimientos instituidos por la Constitución y las leyes".
La política no se queda atrás. El senador de UNEN, Fernando "Pino" Solanas repudió hoy la suspensión de Campagnoli y calificó el hecho como una "provocación a la pacificación" y afirmó que fue "como tirar nafta al fuego" en medio de los trágicos saqueos de los últimos días. En idéntico sentido opinó el jefe del bloque radical, Mario Negri, al señalar que “sólo en Argentina un fiscal es suspendido por cumplir con su trabajo”. El diputado también destacó que “los procesos de enjuiciamiento no pueden ser una herramienta del poder político de turno para domesticar a funcionarios públicos que cumplen con su trabajo”.
Por su parte, Elisa Carrió anunció hoy que ampliará su denuncia penal contra Alejandra Gils Carbó, para incluir a los cuatro miembros del tribunal de enjuiciamiento que votaron la suspensión de Campagnoli. Se trata de Rodolfo María Ojea Quintana, ex 'número dos' de la Cancillería cuando Jorge Taiana era ministro; Ernesto Kreplak, titular del jurado; Daniel Adler, representante del Poder Ejecutivo,; y María Martínez Córdoba, defensora pública de menores.
Para la diputada opositora, ese tribunal "sesionó a puertas cerradas, sin la presencia de Campagnoli, a quien los miembros del tribunal que lo suspendió se negaron a oír" y por consiguiente, según ella, violaron "la garantía de defensa en juicio". La diputada también deslizó que los cuatro jurados buscaron con la suspensión "encubrir las conductas criminosas de los imputados en la causa Lázaro Báez que, como dijimos, se sospecha, vinculan a los imputados con las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional".
A las denuncias se sumaron los diputados del interbloque Unión PRO, quienes anunciaron que el lunes harán una presentación penal contra los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento que votaron a favor de la suspensión de Campagnoli. Los diputados Patricia Bullrich, Pablo Tonelli, Cornelia Schmitt-Liermann y Laura Alonso estiman que los miembros del tribunal que conformaron la mayoría para suspender al fiscal “podrían haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y hasta cohecho”.
El reemplazo. La Procuración General de la Nación designó hoy a las fiscales Claudia Katok y Cristina Caamaño, ex funcionaria del ministerio de Seguridad de la Nación, para reemplazar a José María Campagnoli en la Fiscalía de Instrucción del Distrito de los Barrios de Saavedra y Núñez. Katok es fiscal de Saavedra del fuero correccional y será la subrogante, mientras que Caamaño será coadyudante. Con la llegada de Sergio Berni a la cartera pasó a cumplir funciones como secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales y la semana pasada le aceptaron la renuncia con la llegada al frente del ministerio de María Cecilia Rodríguez.
Caamaño fue la fiscal que investigó el crimen del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra y llevó a la cárcel al sindicalista ferroviario José Pedraza, condenado a 15 años de prisión. Las designaciones de Katok y Caamaño fueron firmadas por el procurador fiscal ante la Corte Suprema, Eduardo Casal, a través de la resolución 2653/13.
