En el Aeroparque Jorge Newbery, durante la madrugada del 4 de agosto pasado, llegó un taxi aéreo oficial con el venezolano Antonini Wilson –previo a la llegada de presidente Hugo Chávez al país– con una valija no declarada por 800 mil dólares.
En Ezeiza, otro escándalo saltó a la luz en septiembre de 2004 cuando fueron hallados 60 kilos de cocaína escondidos en cuatro valijas en un vuelo de Southern Winds con la leyenda “Embajada Argentina en España”. Era el vuelo 6420 de SW que llegaron al aeropuerto de Barajas, en Madrid, sin acompañantes, un día después.
Después del escándalo, la Policía Aeronáutica Nacional (PAN) –creada en 1992 por el entonces presidente Carlos Saúl Menem– fue disuelta y en su lugar el Gobierno declaró a Marcelo Saín a cargo de la conformación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La fuerza desmilitarizada tenía como fin actuar bajo la órbita del Ministerio del Interior. El Gobierno también separó del control de equipajes a la mayor empresa de seguridad que operaba en Ezeiza y Aeroparque, Top Air Security (TAS), involucrada en el caso ya que debía verificar el contenido de las narcovalijas.
En tanto que, el 24 de septiembre pasado, la PSA –con la orden del juez federal Alberto Santamarina– detuvo a once funcionarios aduaneros por supuesto cobro de coimas.
En respuesta, el Sindicato Único del Personal de Aduanas (Supara) comenzó una serie de huelgas en todos los aeropuertos del país y en otros puestos aduaneros para denunciar que las detenciones habían sido irregulares y que, durante el procedimiento, hubo malos tratos por parte de los agentes de seguridad.
