El desalojo de la planta de Kraft (ex Terrabusi) tomada por trabajadores despedidos fue dispuesto con el aval de la Justicia porque el conflicto se "desnaturalizó".
La decisión fue del juez de Garantías de San Isidro Ricardo Costa, quien advirtió que "el uso de la fuerza pública habrá de constituirse en la medida de lo estrictamente necesario, en el último mecanismo de acción" y "siempre velando por el debido resguardo de la integridad física de los involucrados, personal policial actuante y terceros ajenos al conflicto".
El juez resolvió así por la "intransigencia del sector sindical, los empleados y la empresa involucrada" y denunció que antes hubo "inactividad" de la policía para prevenir los hechos.
"Aquello que en un inicio comenzó siendo un reclamo valedero, legítimo y al amparo de derechos de índole constitucional, a esta altura de los acontecimientos, bajo ese pretendido ropaje, ha sumado la perpetración de hechos con apariencias delictivas que no sólo desnaturalizan y quitan legitimidad a ese reclamo, sino que afectan derechos de sujetos ajenos al conflicto", dijo.
Cuando comenzó el conflicto la fiscal de San Isidro Laura Capra solicitó la desocupación, pero el Juzgado de Garantías 1 rechazó el pedido y el caso se elevó a la Cámara Penal, que evitó ordenar el desalojo forzado e instó a conciliar por los "derechos constitucionales" en juego.
Hoy, Costa entendió que llegó la hora del desalojo frente a la "intransigencia" de las partes, el fin del derecho a huelga y la imposibilidad de los organismos para resolver el conflicto.
A casi 20 días del ingreso de los trabajadores despedidos "en forma 'prima facie' violenta y arbitraria -dijo- los hechos han dejado de transitar el carril de un conflicto de índole gremial, en tanto las negociaciones y la conciliación obligatoria, llevadas adelante ante el Ministerio de Trabajo han finiquitado el 9 de septiembre de 2009" sin "ningún canal de diálogo serio".
Explicó que cesó el derecho de huelga pues estaban despedidos y, en todo caso, debían ser reincorporados o indemnizados.
Costa reseñó que desde julio, cuando ocurrieron los despidos y "pese a las reiteradas exhortaciones efectuadas por los organismos intervinientes, ninguna solución ha sido arrimada en aras de encontrar una mediación abarcativa de las pretensiones de todas y cada una de las partes".
Y advirtió sobre la "intransigencia" de "la dirigencia sindical y empleados despedidos, como también la empresa involucrada -a través de sus directivos-". Añadió que esa actitud adquirió "una entidad tal que imposibilitó a los organismos estatales intervinientes -Ministerio de Trabajo- encauzar esta problemática, en un curso de negociación serio y posible" que atienda "los reclamos de todos los interesados".
"Tampoco he de pasar por alto la inactividad de las fuerzas de seguridad -policía de la provincia de Buenos Aires-, en pos de prevenir que los hechos llegaran al estadio en que hoy nos encontramos", dijo el juez.
El fallo destacó que "en los albores de este conflicto, quienes supuestamente ocupaban ilegalmente parte de las instalaciones (...) se retiraron el viernes 4 de setiembre" y avisaron que "regresarían el día lunes por la madrugada, tal como efectivamente ocurrió, sin que ninguna medida preventiva seria y eficiente se hubiera diseñado y adoptado".
Entonces cuestionó la "llamativa y por cierto criticable, laxitud demostrada por la empresa, en la autorización de ingreso de personas, que según sus propias afirmaciones, carecían de derecho para ello".
"Muchos son los factores que han permitido que, un conflicto que en esencia y en su inicio, podía responder a un atendible reclamo laboral, se haya desnaturalizado de forma tal que, imponga recurrir al derecho penal", sostuvo Costa.
Fuente: DYN
