El fiscal que quedó a cargo de la denuncia hecha por Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gerardo Pollicita, pidió hoy la imputación de la mandataria, de su canciller, Héctor Timerman, del dirigente piquetero Luis D’Elía, Fernando Esteche, líder de la agrupación Quebracho y de Andrés “Cuervo” Larroque, diputado nacional y una de las cabezas de La Cámpora.
La Presidenta y los funcionarios son imputados por tres delitos. El primero es el de encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la especial gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionarios públicos, contemplado en el artículo 277 del Código Penal, que tiene una pena de un año y medio a seis años de prisión.
En segundo lugar, por impedimento o estorbo del acto funcional, con una pena de 15 días a seis meses de prisión. Y en tercero están acusados del crimen de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que se castiga con prisión de un mes a dos años.
Pollicita pidió también que la causa por encumbrimiento de los acusados de volar la AMIA quede bajo secreto de sumario. El fiscal además solicitó que se desgraben las cerca de cinco mil horas de escuchas telefónicas que el fallecido fiscal Alberto Nisman había presentado en la Justicia.
Estas medidas fueron solicitados al juez federal que está cargo de la causa, Daniel Rafecas, quien volverá a su puesto en Comodoro Py el próximo miércoles a pesar de tener licencia hasta el 22 de febrero.
Las pruebas. Para llevar a cabo las imputaciones de Cristina y de sus funcionarios, Pollicita se basó en las circulares rojas de Interpol y en las relaciones comerciales con Irán. Para el fiscal las notificaciones rojas limita la movilidad de los acusado en la causa AMIA e "impiden el perfeccionamiento de la impunidad de hecho de la cual se encuentra gozando actualmente".
Además sostuvo que el memorándum fue enviado por Irán a su Parlamente el 10 de marzo de 2013 y cinco días después Interpol informó que las circulares rojas continuaban en vigencia, ante lo cual el canciller de ese país dijo declaró "su disconformidad con lo resuelto por la Organización Internacional de Policía Criminal, al aclarar que, conforme lo convenido, con la sola firma del acuerdo, Interpol debía hacer cesar las notificaciones rojas".
El fiscal declaró que "resulta claro que los iraníes sólo firmaron el Memorando de Entendimiento por haber acordado que ello sería suficiente para dar de baja las notificaciones rojas de Interpol".
"El Canciller habría realizado actos con los cuales busco inducir a la baja de las alertas rojas y, consecuentemente, satisfacer las aspiraciones persas pero ellos no tuvieron la recepción esperada en Interpol", comentó sobre el rol de Timerman en las negociaciones con la República islámica.
En cuanto a los intereses económicos del acuerdo, Pollicita sostuvo que hay "numerosa evidencia que demuestra un fuerte interés comercial subyacente a las probadas acciones criminales direccionadas a garantizar impunidad, y que apuntaba a restablecer relaciones comerciales al nivel de los estados".
Entre las pruebas para confirmar ese interés citó que existen "numerosas intervenciones telefónicas" en las que se revelaron "los canales paralelos de comunicación y negociación establecidos con Teherán, para avanzar con el plan encubridor".
